Mañana los magistrados del 11.vo Tribunal Colegiado Civil, con sede en la Ciudad de México, deberán resolver un asunto de gran envergadura: el grado de protección autoral que tendrán los contenidos en plataformas digitales en México. Esto, derivado de una demanda que interpuso Cablevision contra la distribución del dispositivo Roku, por prácticas de comercio desleales, ya que permite que piratas cibernéticos transmitan contenido no licenciado. Ya son 18 meses desde que el Juzgado 38 de lo Civil de la Ciudad de México impidiera a Roku la venta e importación de su dispositivo, hasta en tanto no aplicara los controles de seguridad adecuados para proteger contenidos. Sin embargo, a la fecha, la empresa sólo ha atinado en responder públicamente que trabaja en ello, pero que no han logrado el 100% de la protección.

Recordemos que los efectos de que Roku permita que se transmita contenido robado van más allá de la industria de contenidos. Expone a la gente que confía en su marca y que da información bancaria como tarjetas de crédito y todos sus datos personales ante la delincuencia organizada, normalmente vinculada a actividades ilícitas como la piratería. Roku no sólo en México, sino en otros países del mundo como los de Europa pronto deberá poner manos a la obra y perseguir la piratería endémica en su plataforma -pero no de forma cosmética- o su plataforma quedará desplazada por muchas existentes en el mercado, que sí tienen un respeto por la legalidad de los contenidos y la seguridad de sus usuarios.

Alpízar y sus contratos

A pesar de que asociaciones y cámaras de la iniciativa privada tienen como objetivo defender los intereses del gremio empresarial, los mencionados organismos no han quedado exentos de albergar entre sus filas a dirigentes que, más que impulsar el desarrollo de los sectores económicos, optan por velar únicamente por sus intereses personales o, bien, por los de sus personajes cercanos. Uno de los casos más recordados es el de Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, a quien se le ha señalado de aprovechar su posición para conseguir jugosos contratos públicos para la empresa Seguritech, de Ariel Picker. No obstante, en los últimos días, ha llegado también hasta este columnista información en la que se menciona que el ex presidente de la Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo, se valió de su encargo como dirigente empresarial para cabildear diversos contratos con el Gobierno del Estado de Puebla, algunos incluso para obras en las que su compañía no podía participar por carecer de las capacidades y dimensiones que se requerían. En la próxima entrega, más de Alpízar Vallejo.

Voz en Off

Si usted pensaba que Elon Musk había perdido la cabeza con el penoso episodio de volver a Tesla una empresa privada, espere a leer esto. Resulta que el sudafricano con nacionalidad canadiense y estadounidense presentó el 8 de octubre pasado una solicitud para registrar Teslaquila, un licor de agave destilado. Si quiere conocer la etiqueta de la futura botella, pásele a su perfil de Twitter de este personaje, al que los inversionistas de Wall Street simplemente no quieren…
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