La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Gobierno de Morelos y del municipio de Cuernavaca son las responsables de la muerte de dos personas, quienes cayeron en un socavón que se abrió en el Paso Exprés el 12 de julio de 2017.

Esto, luego de investigaciones y pruebas periciales que revelaron deficiencias de planeación y construcción en el Libramiento de la Autopista México-Cuernavaca.

Sin nombrar al secretario de dicha dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama, calificó como importante que las autoridades indaguen esta situación en lo administrativo y en lo penal.

“Que consideren lo que hemos llamado como la cadena de mando administrativo, es decir, que no nos quedemos con una sola parte en la estructura administrativa, sino que se lleve a cabo la investigación a todos los que les alcance esa cadena de mando”, aseveró en la presentación de la Recomendación 34/2018 por el socavón.

Guadarrama dijo que la oquedad no es un mero accidente, “sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

Resaltó que se entregarán los resultados de sus averiguaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

En su intervención, Laura Treviño, integrante de la CNDH, comentó que se encontró responsabilidad individual de servidores públicos; e institucional de las dependencias de Gobierno que participaron en la obra.

Indicó que la SCT es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés, mientras que Banobras presentó un proyecto ejecutivo inicial y final con múltiples deficiencias.

En el caso de Comisión Nacional del Agua (Conagua) no informó de los puntos de afectación por la obra; el Gobierno del Estado y Protección Civil de Morelos, destacó, omitieron realizar las acciones necesarias para asumir el mando del rescate de ambas personas.

En tanto, el Ayuntamiento de Cuernavaca y Protección Civil Cuernavaca asumieron la labor de rescate, pero no establecieron un comandante del incidente ni un puesto de comando, lo que afectó la información de los familiares.

Treviño recordó que fallecieron cuatro personas a causa de esta obra: las dos víctimas que perecieron en el auto, la tercera víctima antes del evento del socavón, al circular en una motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto y una cuarta, que falleció después del evento del socavón, al caer de un paso peatonal que no tenía barandal.

Caso está cerrado, afirma A. Gómez

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, aseguró que en lo que respecta a su dependencia, la investigación sobre el socavón registrado en el Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco, que dejó como saldo el fallecimiento de dos personas, está cerrada.

“Para la Función Pública el día de hoy, es caso cerrado (…), y no está impune”, expresó.

Detalló que hasta la fecha, existen ocho servidores públicos sancionados con inhabilitación hasta por 10 años: siete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y uno de la Comisión Nacional del Agua; siendo el director del Centro de la SCT, el funcionario de mayor rango sancionado. También por primera vez en la historia, se le quitó el registro a un testigo social, por haber dado un dictamen de obra que no correspondía con el estado de la misma.

LEG