En abril de 2017 se hablaba de 29 mil desaparecidos en todo el país. Hoy, la cifra actualizada por las recientes fosas clandestinas es de 37 mil 401 personas desaparecidas, indicó el primer visitador de la CNDH. En la capital, de cada 10 desaparecidos se identifican nueve con los protocolos actuales: Celia Marín

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) construye actualmente el registro de identidad digital de personas desaparecidas, el cual está conformado por el nombre, fecha de nacimiento, entidad, CURP, nombre del padre y madre, fotografía y huella dactilar.

El titular de la Comisión, Roberto Cabrera Alfaro, explicó que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) cuenta con 37 mil 435 casos registradas de 2007 al último corte de 2018 (primer semestre); de éstos hay 26 mil en el que se sabe su identidad; el resto (más de 11 mil personas) está en proceso de verificación.

“Es decir, de las 37 mil 435 que se han reportado como desaparecidas, de 26 mil ya sé quién es la persona que tenemos que buscar, sabemos su fecha de nacimiento, de dónde es originario, quien es su mamá, su papá; de estas 26 mil, tengo 16 mil con fotografías y con huella dactilar”, afirmó durante una entrevista con 24 HORAS.

La información digitalizada ya está disponible en la página del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (https://suiti.segob.gob.mx/busqueda), en la cual puede buscarse a personas desaparecidas al ingresar datos como nombre y fecha de nacimiento.

Dependiendo la cantidad de información disponible sobre la persona en cuestión, serán los resultados que arroje.

La Comisión obtiene datos de personas desaparecidas mediante un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE), al cual se le otorga el nombre, la fecha de nacimiento y la entidad de una persona y, en un día o dos, éste entrega la fotografía y la huella dactilar para cotejarla.

El comisionado señaló que estas acciones permiten hacer búsquedas ya no solamente por nombre, también por datos biométricos; recordó que, recientemente, en el Estado de México con la comisionada local de Búsqueda de Personas, María Sol Berenice Salgado, y las policías municipales, conformaron un grupo de trabajo para biometrizar a las personas que están en situación de calle, así como en centros de adicciones y albergues.

El comisionado nacional de Búsqueda de Personas también afirmó que el principal objetivo y eje que les rige es  rastrear a las personas en vida, “por eso es importante tener la información, a quién tenemos que buscar, con fotografía, huella dactilar, perfiles genéticos para hacer las confrontas en las diferentes bases de datos en penales por ejemplo”.

Respecto a la situación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde más de 300 cadáveres eran almacenados en tráileres por no tener capacidad, Cabrera aseguró que están coadyuvando en el proceso de identificación -de todos los cuerpos-, y no solamente de Jalisco, sino en todo el país.

Realizan diagnóstico sobre forenses

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) comenzó la elaboración de un diagnóstico sobre la atención de los servicios forenses del país, que estará listo en seis meses, luego de darse a conocer la situación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en donde más de 300 cuerpos eran almacenados en tráileres debido a falta de capacidad en las instalaciones del organismo.

“Se cometieron acciones revictimizantes en contra de la dignidad de las víctimas y sus familiares, para nosotros lo relevante de esta experiencia es que nos prendió una alerta muy importante de que lo que sucedió en Jalisco y pudiera estar ocurriendo en muchas otras zonas del territorio nacional”, consideró Jaime Rochín, titular del CEAV.

Explicó que en el diagnostico se observará la capacidad que tengan (los forenses) para almacenar restos humanos en forma digna y adecuada; resaltó que otro tema que revisarán será la capacidad para aplicar procesos de identificación con debida diligencia.

Falta la voluntad política en el Gobierno: CNDH

La voluntad política para materializar la ley en materia de desapariciones de personas (cuyos protocolos de identificación ya existen), aprobada en 2017, sin lugar a dudas es importante para erradicar el fenómeno, afirmó el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez.

Enfatizó que la actual administración, y la próxima deben fortalecer una política integral a corto plazo que prevenga, investigue y sancione las inhumaciones clandestinas.

Desafortunadamente, abundó el defensor de derechos humanos, no se establece con claridad en cuántos de esos casos hay indicios de una desaparición forzada (con intervención directa o indirecta de la autoridad) y en cuántos es una cometida por particulares.

Acerca de la exigencia de familiares de desaparecidos por acceder a la información de los restos encontrados en fosas, mencionó que lo único que hace falta para tener una agilización en la identificación de los cadáveres, es voluntad política en todos los niveles de Gobierno.

“Porque esa voluntad política significa que se canalicen los recursos que sean necesarios para practicar las pruebas genéticas correspondientes a esos restos, y cruzar la información con los familiares que ya han aportado una prueba para el efecto”, explicó.

Afirmó que es de suma importancia tener informados durante todo el proceso a los familiares.

Por su parte, el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama, comentó, sobre los “tráileres de la muerte” en Jalisco, que un punto medular es que se generen protocolos de atención a familiares de personas desaparecidas.

“Tienen que tener un trato digno, tienen derecho a la verdad y a la justicia y de manera particular a que les digan realmente si están o no los cuerpos de sus familiares”, expresó.

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