Gobernar por decreto es una tentación autoritaria en la que López Obrador ha demostrado que cae recurrentemente; ya lo hizo a su paso por el entonces Gobierno del Distrito Federal y ahora de nuevo con el caso Ayotzinapa.

En su ejercicio como jefe de Gobierno optó por los llamados bandos de buen gobierno para darle la vuelta a las leyes locales y hoy se viven los efectos negativos de ese ejercicio de poder, como en el caso del descontrolado crecimiento de desarrollos inmobiliarios en las delegaciones del centro de la ciudad que tuvo como consecuencia la crisis de movilidad, seguridad y servicios como el de abasto de agua que se vive hoy en la capital.

A unas semanas de asumir como Presidente de la República, López Obrador parece que sigue apostando a complacer a sus clientelas a asumir la institucionalidad de un Jefe de Estado, ya que al anunciar que por decreto creará una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa pasa por encima de la Procuraduría General de la República que ha impugnado la sentencia de un juez de Tamaulipas y por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que corresponde constitucionalmente fallar sobre ese tema.

Hasta hoy, los hechos sobre Ayotzinapa apuntan a los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala y probablemente ejecutados e incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, a manos de grupos criminales dedicados al cultivo y tráfico de heroína y goma de opio a los Estados Unidos, y ya están identificados y presos varios de los delincuentes y funcionarios públicos, incluidos el alcalde de Iguala y su esposa (que en su momento tuvieron el apoyo del lopezobradorismo).

López Obrador dijo ayer que “se hará justicia y se van a fortalecer las instituciones… y se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”.

¿Pero cómo se puede hacer justicia y fortalecer a las instituciones si siendo aún Presidente electo, AMLO anuncia que pasará por encima de instituciones del Estado como la PGR y la Suprema Corte?

Ofrece, además, castigo a los responsables como si no hubiera un solo preso por la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes, dando patente de verdad a la intención declarada de los grupos que promueven a los padres de los desaparecidos de hacer responsable al Ejército y al Gobierno federal de un crimen cometido por grupos del narcotráfico, los alcaldes de Iguala y Cocula y las Policías de esos municipios.

Otro mal augurio, pues como Jefe del Estado Mexicano, López Obrador debe ponerse por encima de los intereses de grupos y colocar por delante a la nación. Y es un hecho que en Guerrero hay organizaciones que están interesadas en sacar al Ejército, la Marina y la Policía Federal de un estado que es el principal exportador de heroína y goma de opio a los Estados Unidos, donde los grupos criminales que imponen su ley y han arrebatado territorios al Gobierno conviven con la guerrilla ligada precisamente a instituciones como la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Al final, ojalá esa Comisión de la Verdad sirva para acabar con las especulaciones y no sólo como ariete contra las Fuerzas Armadas para sacarlas de Guerrero, y termine siendo el primer narcoestado instaurado en el país.