Foto: EFE La puesta en marcha de una comisión de investigación independiente, ordenada por un tribunal del estado de Tamaulipas  

Cuando Melitón Ortega supo que su sobrino Mauricio había sido detenido por las autoridades, jamás habría pensado que cuatro años después continuaría sin conocer su paradero ni que tendría que esperar un cambio de Gobierno para divisar un filo de esperanza.

 

Esta es la sensación generalizada entre los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en la noche del 26 de septiembre de 2014, en un caso que conmocionó a México y al resto del mundo.

 

Compañeros de los 43 estudiantes alertaron de que estos habían sido detenidos en el municipio de Iguala, en Guerrero, donde los alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa habían acudido para apoderarse de un autobús que les llevara a una manifestación en Ciudad de México.

 

“Nos imaginamos que si estaban detenidos, los iban a liberar en seguida”, cuenta Melitón a Efe. Sin embargo, eso nunca pasó. Los 43 habían sufrido “un ataque tan enorme y tan grande” que comportó su desaparición.

 

“Pensamos que duraría una semana o 15 días, pero fueron pasando los días y hoy estamos a prácticamente cuatro años de lucha, de resistencia, sufrimiento y dolor porque el Gobierno nos ha mentido”, dice contundente.

 

La mentira que reprochan todos los familiares es la versión oficial del Ejecutivo federal, conocida como “verdad histórica”, que sostiene que los jóvenes fueron entregados por policías corruptos al Cártel Guerreros Unidos, que los asesinó, los incineró en un vertedero y arrojó sus cenizas a un río.

 

A pesar de que organismos internacionales y expertos extranjeros echaron abajo esta versión apoyados en evidencias científicas, el mismo presidente de México, Enrique Peña Nieto, todavía hoy sigue insistiendo en su veracidad.

 

“Esto del basurero quedó atrás, muerto. Para nosotros ya no existe lo del basurero”, explica a Efe una indignada Delfina de la Cruz, desde la puerta de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaba su hijo Abraham.

 

A Delfina no le cabe la menor duda de lo que pasó esa noche: “Fueron los policías municipales y federales” quienes se llevaron a los 43 jóvenes.

 

“Tenemos la fe y la esperanza que nuestros hijos algún día regresen. Sabemos que están vivos, los tiene el Gobierno”, insiste la mujer, a quien la desaparición de Abraham le “cambió la vida”, puesto que tuvo que dejar su trabajo para buscarlo.

 

Desde esa fatídica noche, Hilda Legideño se formula cada día la misma pregunta: “¿Qué mal hicieron nuestros hijos para que los atacaran de esta manera?”.

 

Esta madre dice a Efe que tras cuatro años de lucha no está cansada de buscar a Jorge Antonio, sino “de tantas mentiras del Estado mexicano”.

 

Reprocha que el Gobierno “ha prolongado la investigación” y recuerda que el Ejército estuvo “monitoreando” a los estudiantes mediante cámaras de videovigilancia.

 

“El Estado sabía lo que estaba ocurriendo ese día”, sentencia.

 

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el poder el 1 de diciembre, ya ha solicitado formalmente el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso y tumbó la versión oficial.

 

La desconfianza hacia las autoridades mexicanas por parte de los familiares de los 43 estudiantes es enorme. Sin embargo, las palabras de López Obrador abren un, aunque pequeño, hilo de esperanza para la reactivación de las investigaciones.

 

Melitón celebra la postura del líder electo, quien este miércoles recibirá a los padres con motivo del aniversario de la desaparición.

 

Pero advierte al próximo mandatario: “Que esa confianza que queremos dejar en manos del (próximo) Gobierno se vaya construyendo a partir de resultados”.

 

Por ejemplo, la puesta en marcha de una comisión de investigación independiente, ordenada por un tribunal del estado de Tamaulipas, o la persecución legal contra Peña Nieto.

 

“Vamos a seguir en la lucha y exigir que sea castigado y encarcelado como cualquier ciudadano que comete delitos”, agrega.

 

Por su parte, Delfina, harta de engaños, exige al futuro presidente: “Nos prometió en sus campañas que si ganaba nos iba a apoyar. Confiamos en él, que no nos falle, que cumpla lo que dijo. No queremos mentiras”.

 

El caso de los 43 de Ayotzinapa es la punta del iceberg del drama de las desapariciones forzadas en México, país que registra 35 mil personas en paradero desconocido, y uno de los grandes retos para el próximo Ejecutivo.

 

“El caso de Ayotzinapa no es el único. Sabemos que hay miles de desaparecidos y nos manifestamos por todos ellos”, expresa Hilda, quien verbaliza un clamor unánime en esta lucha: “Los queremos vivos”.

 

aarl