¿Usted recibe o entrega, digamos, un millón de pesos en efectivo para alguna transacción?

¿En sus tratos con el Gobierno federal, estatal o municipal, hace usted uso de efectivo por un millón de pesos? ¿Qué tal por 700 millones?

La época de la utilización de enormes volúmenes de efectivo no concluyó en las elecciones de 1994, 2000, 2006 o 2012.
Hay evidencia de que la autoridad se sabe y se hace incapaz de reconocer, identificar, documentar, sancionar, perseguir las pruebas jurídicas o informativas relacionadas con transacciones de millones de pesos en efectivo, destacadamente durante el año pasado. Claramente en este 2018.

Aquí, abiertamente le planteo esta pregunta para que situemos el escenario informativo, administrativo y político en que ocurre la acusación a Rosario Robles de autorizar operaciones en efectivo que sumaron 700 millones de pesos y que fueron entregados en domicilios particulares, los cuales, por otra parte, no son de las empresas que se indicó en las instrucciones administrativas correspondientes, sino de particulares o de espacios sin ocupante visible.

¿Tiene usted idea de cuánto dinero en efectivo movilizó el grupo político cercano al PRI durante los últimos dos años? ¿Cuánto antes, durante y después de la campaña en la que fue derrotado el PRI este año?

Usted sabe muy bien que el Instituto Nacional Electoral no ha demostrado capacidad de identificar los gigantescos volúmenes de efectivo que hizo circular el PRI, por ejemplo y de manera contundente, en las elecciones del Estado de México en 2017 y en las cuales, en contra de toda muestra estadística seria, su candidato “ganó” la elección.

¿Cuánto dinero utilizó el PRI para apoyar su campaña presidencial y mediante qué programas? ¿Cuánto con independencia de esos programas para la entrega directa a los operadores de representantes de casillas o sus respectivos coordinadores y administradores generales en todo el territorio nacional? ¿De dónde salió esa liquidez?

En relación con Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y saliente secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ex militante de la izquierda, vinculada con el tema de 2004 en que Carlos Ahumada demostró sus capacidades seductoras y corruptoras, colaboradora del presidente Enrique Peña Nieto, la información publicada se concentra en el tema del volumen de recursos, 700 millones, que no llegaron a las empresas identificadas formalmente como destinatarias y que transitaron en efectivo hacia domicilios particulares o sin vinculación con reales o presuntas empresas que habrían sido sus destinatarios.

La dignidad de las personas debe ser respetada. Sostiene Robles que ninguna auditoría ha demostrado su vinculación con ninguna actividad ilegal. Acusa, en todo su derecho, que se le sigue difamando. Argumenta que el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones relacionado con las competencias y facultades de los servidores públicos para contratar servicios y bienes es la base de todas sus decisiones.

Como en otros casos que habremos de observar en el futuro cercano, es de la mayor relevancia que los medios involucrados en la publicación de acusaciones específicas contra servidores públicos documenten sus dichos, un desafío que crecerá en el nuevo tiempo político de nuestro país. Al mismo tiempo que es conveniente que las operaciones financieras y las decisiones para la contratación de servicios ocurran con una transparencia exigible en el nuevo entorno nacional y en el marco mundial donde México ha deteriorado año con año su posición global.

A fines del año pasado se acusó a Robles de actividades irregulares semejantes a las que hoy salen a la luz. Circuló la versión, al ser reiteradas durante los primeros meses de este año, que eran parte del fuego amigo dentro del Gobierno federal en los acomodamientos propios de la conformación del equipo político de José Antonio Meade, también ex titular de la Sedesol y quien no debería ignorar el desorden de ésa y otras secretarías.

¿Esto empieza o acaba?
@guerrerochipres

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