A partir del 1 de diciembre la responsabilidad de defender a la Universidad Nacional Autónoma de México recaerá en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quienes en el afán reformador que han anunciado para la siguiente administración, tienen la oportunidad y la obligación de impulsar en el Congreso de la Unión los cambios legales que acaben con las ambigüedades y lagunas que hacen de los campus universitarios zona franca para porros y delincuentes.

Es un imperativo para el nuevo Gobierno presentar las iniciativas para reformar la Ley Orgánica de la UNAM y redefinir el concepto de autonomía para garantizar la libertad de cátedra, pensamiento y expresión, y al mismo tiempo que sus escuelas y planteles puedan ser protegidos por la Policía capitalina y los delitos que se cometan dentro de sus muros puedan ser investigados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Una obligación de los Gobiernos local y federal, así como de la rectoría de la Máxima Casa de Estudios de México es brindar seguridad y garantizar la integridad de las comunidades académica, estudiantil y trabajadora de la UNAM, y eso no se resuelve con condenas públicas, comunicados y discursos que sólo repiten lo dicho una y otra vez durante décadas cuando la violencia se presenta en el campus universitario.

Ayer, el Presidente electo, López Obrador, pidió castigo a quienes generaron los actos violentos en Ciudad Universitaria durante la manifestación de apoyo a los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco asolados por los grupos porriles e inermes ante la inacción y negligencia de las autoridades de ese plantel y de la rectoría.

Pero no sólo eso, sino que AMLO aseguró que los jóvenes estudiantes no permitirán que grupos desestabilizadores infiltren su movimiento, mientras que el rector Enrique Graue anunció que se reestructurará el área de seguridad de la universidad conocida como Auxilio UNAM.

Por desgracia eso suena a más de los mismo: sólo palabras, discursos y severas condenas que al cabo del tiempo se olvidan, mientras que las cosas siguen igual para una comunidad universitaria que, generación tras generación, ha sido violentada por los grupos porriles y que en la actualidad son víctimas de una ola creciente de robos, violaciones y homicidios dentro del campus universitario.

Y como siempre, ante cada crisis de violencia e inseguridad dentro de la UNAM, sus funcionarios argumentan lo mismo de siempre: sostienen que se trata de grupos desestabilizadores infiltrados por intereses oscuros que nunca logran identificar y, de hacerlo, mucho menos de señalar y denunciar:
Pero al final hace exactamente lo mismo que la añeja burocracia universitaria ha hecho frente a este problema recurrente: nada, absolutamente nada; simplemente esperan a que el tema deje de sonar en los medios y ya, siguen sin hacer nada mientras la comunidad sigue siendo objeto de la violencia criminal que se presenta en distintas modalidades en toda la UNAM.

Así que AMLO, Sheinbaum y Morena están ante la gran oportunidad de hacer algo real y concreto para rescatar a la UNAM del crimen y la violencia, a pesar de la resistencia en la que convergen la burocracia universitaria y los grupos estudiantiles radicales de izquierda y derecha; ojalá la aprovechen y pongan el ejemplo a los Gobiernos y Congresos estatales, porque la cosa no es muy diferente en las universidades públicas del resto del país.