El 51% por ciento de los jueces y magistrados tienen al menos un familiar laborando en el Poder Judicial de la Federación, reveló el reporte Déficit meritocrático, que presento la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, del investigador Julio Ríos, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El documento expone que 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de jueces y magistrados no cuenta con filtros meritocráticos.
En el Poder Judicial sólo dos puestos (Juez de Distrito y Magistrado de Circuito) se obtienen por concurso de oposición y exámenes complejos. Entre 1995 y 2016, 87% de los concursos fueron convocatorias cerradas (en las que sólo podían inscribirse personas que ya laboraban en el Poder Judicial), excluyendo a profesores, académicos y abogados litigantes.
El documento menciona que hay estados “más solidarios” como Jalisco (77%); Nuevo León (73%); Tlaxcala (70%); San Luis Potosí (65%) y Guanajuato (63%) donde los titulares de circuito tienen al menos un familiar laborado ahí, respectivamente. Nayarit (3%); Tabasco (16%); Colima (20%); Oaxaca (24%) y Guerrero (31%) son las entidades “menos solidarias”.
Se presentan casos como el de un magistrado de circuito en Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos como actuarios, secretarios de Tribunal y Juzgado, asesor jurídico y analista especializado, de acuerdo con el estudio del consejero del Consejo de la Judicatura Federal Felipe Borrego Estrada, documento base para la elaboración del reporte de MCCI.
Julio Ríos resaltó que “contratar familiares sin pasar por adecuados filtros meritocráticos puede tener efectos negativos en la impartición de justicia, como el interferir en el procesamiento de los casos y en el sentido de las sentencias; generar favores y complicidades indebidas; minar la motivación de quienes ven que las conexiones, y no el mérito, es lo determinante para el desarrollo profesional”.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recomendó transparentarlos conflictos de interés, procesos y requisitos de promoción y sanción, así como crear una carrera administrativa y fortalecer la carrera judicial.
LEG