La Ciudad de México se estrenó en el uso de la jurisprudencia aprobada en junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que las imágenes captadas por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) puedan acreditar flagrancia en la comisión de algún delito.
La tesis de jurisprudencia, que se incorpora a los protocolos del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, permite que los jueces de Control determinen prisión preventiva, oficiosa o justificada, contra alguna persona captada por las cámaras en el instante en que cometen un acto ilícito. Anteriormente, las grabaciones sólo eran tomadas en cuenta como elementos de prueba.
En una conferencia de prensa, Edmundo Garrido, titular de la Procuraduría General de Justicia local, informó que hasta la fecha, ya se usó en dos ocasiones los beneficios de la jurisprudencia.
Las detenciones ocurrieron el 31 de julio pasado, en Iztapalapa; y este 1 de agosto, en Benito Juárez, fechas en que se presentaron las imágenes ante los jueces de Control correspondientes, quienes calificaron de legales las aprehensiones, por lo que se procedió a la vinculación a proceso de los responsables.
Agregó que el criterio del máximo tribunal del país, publicado el 22 de junio de este año y que entró en vigor el 25 de junio, es una herramienta jurídica importante, ya que aprueba el uso de la tecnología para combatir la delincuencia.
Al respecto, el mandatario capitalino, José Ramón Amieva, recordó que la determinación de la SCJN ocurrió después del rechazo de cinco amparos, en los que los imputados argumentaban que el seguimiento mediante las cámaras del C5 no acreditaba la flagrancia y pedían libertad; sin embargo, los jueces en esa materia negaron los recursos, lo que generó que se emitiera la jurisprudencia.
Destacó que las cámaras del C5 proporcionan a la autoridad una herramienta fundamental para garantizar la legalidad de las detenciones, y fortalece el esquema de seguridad y procuración de justicia.
“Somos la primera entidad de todo el país que estamos ocupando esta herramienta (…) Es algo que tenemos que aprovechar”, dijo.
Explicó que la prisión preventiva justificada, que determina el juez calificador al acreditar la validez de una detención en flagrancia, es de mucha importancia, pues evita que el sujeto captado genere un daño posterior, ya sea a una víctima específica o en la repetición del acto ilegal.
LEG