El lunes pasado le comenté que entre varios miembros del Poder Judicial Federal hay un fuerte nerviosismo por el asunto de la austeridad, y que incluso había la intención de acelerar algunas compras y contratos que tienen pendientes.
Incluso hace una semana el propio presidente de la Suprema Corte (SCJN), Luis María Aguilar Morales, aseguró que las remuneraciones y pensiones de ministros, jueces y del resto del personal garantizan su autonomía e independencia, esto en clara referencia a la posible disminución de salarios.

En el caso de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal han sido pocos los contactos de la gente de Morena, y la encargada de llevar esta relación ha sido -por su experiencia- la ministra Olga Sánchez Cordero, quien desde Gobernación tratará de mejorar la relación entre el Poder Judicial y el próximo Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ayer fue el propio presidente de la Suprema Corte el que mandó una señal a los interlocutores de Morena y al propio Andrés Manuel López Obrador, al indicar que está de acuerdo en tomar medidas de austeridad señalando que el Poder Judicial no es ajeno a estos retos, y ante ello el ministro presidente Aguilar Morales propuso que plantearía una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones.

Medidas, dijo, “que permitan ejercer sus funciones con una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y particularmente de austeridad en el ejercicio del gasto público, haciéndolo de manera que con ello no se comprometa la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales, que se constituyen como uno de los pilares fundamentales de la estabilidad democrática del país, mediante la prestación de un servicio público fundamental”.

Lo interesante es que detrás de sus declaraciones también hubo una orden para que las unidades administrativas de la SCJN del CJF y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación elaboren proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio de 2019, en lo que propongan un verdadero plan de austeridad.

Lo interesante es que dentro de la orden que da el ministro presidente está la de revisar la política de inversión pública, en materia de bienes, servicios y obra, a fin de sólo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables. Lo que significa que no se darán estas adjudicaciones o licitaciones pendientes sin haber un correcto estudio del caso.

De igual forma destacó que dentro de estas medidas de austeridad, los ministros, jueces y miembros del Poder Judicial no comprarán vehículos, no realizarán remodelaciones, compra de mobiliario o equipamiento en general.
A esto se suma que desde ahora se revisará la política en materia de servicios al personal, con el fin de disminuir los gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general.

Este mensaje, sin duda, ayudará a los ministros y al propio Andrés Manuel López Obrador a ir tejiendo mejores relaciones, sobre todo si pensamos que muchas de las reformas realizadas en el Congreso que se instalará en septiembre podrían llegar al máximo tribunal.

Y no olvidemos que aún está pendiente en enero próximo la llegada de un nuevo presidente de la SCJN, y el arribo de dos ministros nuevos; uno que podría llegar en diciembre y otro que lo hará después de febrero.

LEG