En junio de 2008 se generó una reforma constitucional de gran importancia en materia de seguridad y justicia. Se acaba de cumplir, nada menos, una década de dicha transformación legislativa para la cual se dio un plazo de ocho años a partir de la publicación de la reforma para que, a más tardar, el 18 de junio de 2016 todo el país operara bajo el esquema del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

A dos años de la vigencia total en nuestro país, resulta relevante apuntar los nuevos diseños de operación que se han generado al interior de las instituciones. Me referiré a la Ciudad de México en particular y la transformación de sus instituciones de procuración y administración de justicia.

La operación de este Nuevo Sistema de Justicia en la capital ha implicado una reingeniería de los modelos de gestión al interior de la Procuraduría; por ejemplo, desde que una persona presenta una denuncia se le orienta de manera adecuada, para que los hechos controvertidos puedan ser resueltos a través de la conciliación o la mediación, a fin de que las partes puedan resolver el conflicto con base en el diálogo y la negociación, con la finalidad de celebrar un acuerdo reparatorio del daño a favor de la víctima u ofendido.

En el Nuevo Sistema de Justicia, una persona sujeta a un proceso penal puede solicitar la suspensión condicional del proceso, siempre y cuando se trate de un delito cuyo término medio aritmético de la pena no sea superior a cinco años de prisión, media que se obtiene de la sumatoria entre la pena mínima y máxima dividido entre dos, además de que cubra la reparación del daño y se cumplan las medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales -y que serán impuestas por el juez de Control.

También existe la figura del procedimiento abreviado, que no es otra cosa más que la solicitud realizada por el agente del Ministerio Público, a fin de que el imputado acepte su participación en el hecho y reggggpare el daño; también habrá casos que sean resueltos por un tribunal en un juicio oral, como los delitos de alto impacto y que ameritan prisión preventiva.
Es así como la reingeniería institucional impulsada a lo largo de estos años en la Procuraduría capitalina es fundamental para lograr los objetivos institucionales. En este sentido se ha generado una coordinación institucional entre los servicios periciales y la Policía de Investigación, a fin de obtener adecuadas investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público encaminadas a esclarecer los hechos, proteger al inocente, combatir de manera frontal la impunidad y para que se reparen los daños causados por el delito.

A 10 años de esta significativa transformación del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es fundamental que se continúe en el fortalecimiento institucional, en particular el Gobierno de la Ciudad de México seguirá trabajando para fortalecer a la Procuraduría General de Justicia y consolidar la paz y la convivencia ciudadana en esta gran metrópoli.

LIC. Marco Enrique Reyes Peña
Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales