El mayor y más grave problema que vive México son la ausencia de Estado de Derecho y la corrupción que generan violencia e inseguridad, pero también un total desencanto. Lo repiten y repiten como pericos gobernantes, candidatos y políticos todos, pero no pasa del taco de lengua.

Hoy, es emblemático el caso de las acusaciones por secuestro y homicidio contra Nestora Salgado, candidata plurinominal al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia que encabeza Andrés Manuel López Obrador; mujer que de lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, brazo civil de las organizaciones guerrilleras que siguen operando en ese estado y Oaxaca, pasó a la política nacional en un acuerdo con Morena que aún no queda muy claro.

El hecho mismo de la existencia de las policías comunitarias es un ejemplo de la incapacidad del gobierno para brindar seguridad, y si bien se sustenta en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que delega el ejercicio de la justicia en una asamblea, lo que deja a las personas de esas regiones en la indefensión jurídica, pues para que esas policías comunitarias y sus asambleas actúen no se requieren denuncias formales, ni dar cuenta al Ministerio Público y mucho menos que un juez emita órdenes de cateo o de aprehensión. Ejemplo de cómo vastas zonas de nuestro país se encuentran sustraídas del imperio de la ley y sometidas a cacicazgos so pretexto de los derechos indígenas.

Pero bueno, precisamente el respeto al marco legal y el debido proceso fueron las llaves que permitieron que Nestora Salgado no haya sido juzgada de los graves delitos de los que está acusada, pues resulta que tiene doble nacionalidad -mexicana y estadounidense-, y al declararse ciudadana de la Unión Americana y no recibir asistencia consular de la embajada de ese país se ordenó que se repusiera su proceso, el cual evadió huyendo a esa nación. Y si bien hasta ahora no se le ha declarado culpable, como el proceso no ha concluido, tampoco se ha determinado si es culpable de secuestro y homicidio.

El caso es que ahora, sin residencia en México y con nacionalidad estadounidense, es candidata al Senado, pero la gota que derramó el vaso es que precisamente la organización que debe garantizar la legalidad en los procesos plebiscitarios -el Instituto Nacional Electoral- dio entrada al registro de la candidatura a senadora de Nestora Salgado, sin importar que la Constitución prohíbe expresamente que ocupe un cargo de elección popular un mexicano que haya aceptado la nacionalidad de otro país.

El argumento es que el INE actúa de buena fe, pero dónde está el celo que deben guardar las autoridades todas para que dicha ley se cumpla en la actuación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, situación que pone en duda todo su ejercicio en este proceso electivo de 2018.
Un ejemplo más de cómo a todos en este país les importa un pepino la ley y cumplirla; todos son responsables de casos como los de Nestora Salgado: los políticos, los partidos, el gobierno y el INE. Ninguno se salva. Es una vergüenza.