Las campañas electorales han perdido la posibilidad de mostrar y contrastar las propuestas, si es que alguna vez fue terreno para ello.

Ahora se lanzan disparates que quedan en la impunidad de la lucha electoral, y que para los que le entiende se convierten en amenazas reales que conducirían a crisis económicas seguras si se llegaran a ejecutar.

Por ejemplo, el independiente Jaime Rodríguez, quien insiste en ser una opción impresentable, lanzó ahora la ocurrencia de expropiar Banamex. Es difícil saber de dónde sacó tal ocurrencia, puede ser que crea que Citigroup y Donald Trump son lo mismo por ser estadounidenses.

O quizá como se acuerda que es el Banco Nacional de México, le suena a que debe ser parte de los símbolos patrios. En fin, es difícil entender a personajes así. Como sea, en el caso del Bronco, todo quedará en una anécdota de campaña.

Aunque hay otros candidatos que lanzan también propuestas que endulzan el oído de los electores, pero que son imposibles de cumplir sin que se tenga que pagar un alto precio económico y social por ello.

Específicamente, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador proponen elevar los salarios por decreto.
Hay gente pobre, malos salarios, omisiones históricas de los gobiernos, y lo aprovechan.

Los gobiernos populistas de los 70 y 80, tras provocar una crisis, pusieron a competir los salarios con la inflación, y el resultado fue una pauperización del poder de compra. La medicina tecnocrática resolvió sorprendentemente bien el problema inflacionario, pero los salarios volvieron a perder la carrera.

Durante este siglo, la recuperación del poder de compra del salario general fue marginal. Nunca fue prioridad recuperar el poder de compra sobre el control estricto de la inflación. Ha habido solamente importantes recuperaciones salariales sectoriales.

El problema es que cuando llegó una crisis del tamaño de la gran recesión de hace 10 años, otra vez vino un retroceso en el poder de compra.

Y lo que son las cosas, el actual gobierno al que tanto le cargan todo tipo de culpas fue el que inició una recuperación del salario mínimo, más allá del nivel inflacionario.

El peligro de convertir en una subasta los aumentos salariales por votos es que todo lo que se logre avanzar en términos nominales se perderá en términos reales por las presiones inflacionarias y, de paso, por la limitación de los empleadores que no tengan la capacidad de absorber la carga laboral.

Los amantes del discurso de clase dicen que los grandes capitales merecen ya no ganar tanto frente a un beneficio de la clase trabajadora. La realidad del siglo XXI es que la mayor parte de los empleadores son micro y pequeños empresarios que batallan para sacar las cuentas.

Si los candidatos que hoy ofrecen aumentos salariales de 50%, 100% o 300% lo hacen por blofear y conseguir votos, van a dejar a muchos electores descontentos.

Pero si lo dicen con la intención de realmente lanzar aumentos por decreto desde el poder, lo vamos a lamentar todos.