Dos hechos ocurrieron este fin de semana que no deben pasar desapercibidos en el ámbito judicial; uno de ellos son los más de 30 amparos que se concedieron contra la llamada Ley de Seguridad Nacional, que si bien los jueces afirman que sus efectos deberán suspenderse de inmediato, esto sólo podría beneficiar a quienes tramitaron tal medida precautoria.

Sin embargo, no debemos dejar de lado esta resolución, pues por el número de amparos otorgados estaría sentando un precedente que podría ayudar a las diversas personas y organizaciones que desde un inicio se han pronunciado en contra de esta ley. Además de que podrían servir para el propio análisis que se encuentra realizando la Suprema Corte de Justicia.

Hay que destacar que los jueces federales Fernando Silva García y Karla María Macías Lovera señalaron en sus resoluciones que esta ley viola derechos humanos aun sin que exista un acto concreto de aplicación.

En el caso de la jueza Macías Lovera, su argumento resulta ser interesante, pues ella asegura que diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional provocan “un efecto inhibidor al ejercicio de los derechos de acceso a la información, libertad de expresión, reunión, asociación, privacidad, protección de datos personales…”.

Estas sentencias seguramente generarán un debate entre organizaciones civiles y quienes están a favor de aplicar dicha ley. Sin embargo, lo interesante será saber los efectos reales que traerán estos amparos al decretarse en estos casos la suspensión de dicho ordenamiento.

El otro tema a destacar es la detención este fin de semana de Pablo Zárate Juárez, quien fuera director del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda Urbana en el sexenio del ex gobernador Tomás Yarrington y a quien ahora las autoridades tamaulipecas lo vinculan con diversas operaciones ilícitas que realizó el también ex gobernante Eugenio Hernández.

La detención es clave, pues Zarate es también considerado como prófugo de la justicia en Estados Unidos. En México se le investiga por la enajenación indebida de un inmueble propiedad del Gobierno del Estado, hechos ocurridos en el año 2004 cuando era funcionario. El inmueble en mención estaba destinado para el desarrollo urbano del puerto industrial que se encuentra en el municipio de Altamira, cuenta con una superficie de 68 hectáreas y fue enajenado a favor de un tercero, en un precio sumamente inferior a su valor real en la época, mismo que actualmente tiene un valor de 40 millones 985 mil 119.20 pesos.

Mientras que en Estados Unidos afirman que este hombre es parte de una conspiración para lavar millones de dólares, además de estar vinculado a la compra de un avión que supuestamente fue comprado con fondos ilícitos para el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.

A Zárate Juárez se le identifica en Tamaulipas como el encargado de la organización y la logística de los actos de campaña del candidato del PRI en la entidad, y en Estados Unidos afirman que este hombre estaría vinculado al Cártel del Golfo, por lo que sus declaraciones se vuelven relevantes para las autoridades de ambos países. Su detención resulta clave para las pesquisas que se siguen contra los dos ex gobernadores tamaulipecos actualmente presos.

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