Este lunes cierra el periodo ordinario de sesiones y diversas organizaciones de la sociedad civil aseguran que muchos temas quedarán en el tintero; uno de ellos es el de la eliminación de fuero que tanto se celebró semanas pasadas.

De no ocurrir algo extraordinario, la iniciativa para eliminar el fuero aprobada por la Cámara de Diputados de nueva cuenta pasará a la historia como una propuesta que se celebró, pero que jamás se concretó, pues diversos grupos no están de acuerdo en suprimir este beneficio para legisladores, gobernadores y el Presidente de la República.

Muchos de ellos dicen que el verdadero motivo es porque la eliminación del fuero no se esta discutiendo por completo, es decir, que aún hay una parte constitucional que ni siquiera han planteado modificar ni diputados ni senadores.

Sin embargo, el mayor miedo de diversas organizaciones de la sociedad civil, partidos y académicos es que este lunes los senadores quieran sorprender durante el cierre y el largo puente que viven los capitalinos con la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de la próxima Fiscalía General.

Es cierto que muchos exigimos y hemos dicho sobre la urgente necesidad de una fiscalía general autónoma e independiente, además de un fiscal que logre poner orden a la procuración de justicia en el país.

Y más cuando llevamos meses sin un procurador que respete el debido proceso, los derechos humanos o que al menos tenga la intención de concluir los grandes casos que se tienen pendientes.

Pese a esta exigencia hay que ser claros, si bien es una prioridad transformar la Procuraduría General de la República (PGR), también lo es crear una fiscalía general que cuente con todas las herramientas jurídicas e independencia que garantice su actuar.

De lo contrario, sólo se estaría cambiando de nombre a la PGR o aparentaríamos con un buen maquillaje que ya tenemos una nueva institución. En estos meses, diversas organizaciones han manifestado que antes de aprobar la ley orgánica de la nueva fiscalía, es necesario realizar las reformas necesarias al artículo 102 constitucional para garantizar la autonomía e independencia de la institución.

Y me sumo a lo expresado estos días por diversos grupos de la sociedad civil, “el riesgo de aprobar la Ley Orgánica y nombrar al fiscal general, sin antes llevar a cabo una reforma integral, es el de perpetuar la ineficacia, la rigidez y burocracia que hoy caracterizan a la PGR, y que ha permitido y alimentado la impunidad en nuestro país.

Advertimos que el dictamen de Ley Orgánica que actualmente tiene el Senado de la República no es una ley que plantee el cambio institucional que se requiere, su diseño no es acorde al Sistema Penal Acusatorio ni al Sistema Nacional Anticorrupción, tampoco plantea un nuevo modelo de investigación ni de coordinación institucional. Carece totalmente de los contrapesos necesarios y nulifica la participación ciudadana”.

El orden de los factores sí altera la posibilidad de salir de la crisis de impunidad.
—Paso 1.- Reforma constitucional al artículo 102 constitucional.
—Paso 2.- Creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General.
—Paso 3.- Designación del fiscal general de la República.

Por cierto, en otros temas no sólo trabajadores de la CDMX demandan que están siendo hostigados para manifestarse en contra de AMLO, ya que esta semana conoceremos el caso de diversos empleados del IMSS que denunciarán que desde esa dependencia se les obliga a laborar a favor de la campaña de Mikel Arriola. Habrá que estar atento a los trabajadores de Villalongín.
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Twitter: @osdtagle