El secretario del comité vecinal de Lomas de Chapultepec, Anuar Aizar, identificó a Arturo González Jiménez, juez del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA-CDMX), como el responsable de otorgar suspensiones a las clausuras de construcciones irregulares en esa zona.
Luego de realizar cierres ciudadanos simbólicos en los predios marcados con los números 936 y 1130 de Avenida Paseo de las Palmas, en la delegación Miguel Hidalgo, Aizar detalló que en todos los casos donde está involucrada la constructora ASJUFI, propiedad de Héctor Mondragón Olivares, se dieron permisos para casa habitación, pero se construyen edificios y oficinas.
“Supuestamente tiene a los jueces del Tribunal de su lado, con lo que el señor se asocia con los dueños de los predios para generar una evidente corrupción, que son estas obras que estamos viendo.
“Su modus operandi es pedir a la delegación permiso para construir casa habitación. Cuando vienen los inspectores y ven que está construyendo tres niveles de estacionamiento argumenta que su cliente tiene una cava de vinos o una colección de autos clásicos muy grande”, comento Aizar.
Con ese pretexto, dijo, sigue con los trabajos, y al llegar las clausuras, recurre al Tribunal de Justicia Administrativa para conseguir las suspensiones a las sanciones.
RESPALDO
A la acción simbólica acudió Margarita Martínez Fisher, presidenta de la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien expresó que en el caso del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec, la inmobiliaria ASJUFI viola la ley y tiene el mismo “modus operandi” en otros predios sobre Avenida Paseo de las Palmas, así como en el caso de Descartes 100, en la colonia Anzures. Aunque en este último caso, la empresa rechazó tal versión en una acción similar efectuada el 11 de abril pasado.
Durante la clausura en el predio de Paseo de las Palmas 936, la panista sostuvo que los vecinos han denunciado a la mafia inmobiliaria de la ciudad donde hasta la autoridad puede actuar a favor de ellos, como supuestamente ocurre con el TJA-CDMX, el cual les otorga permiso para continuar con las obras clausuradas por la delegación y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
Los colonos insistieron en que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano en esa colonia residencial sólo permite erigir tres niveles o un máximo de nueve metros de altura y para uso habitacional, no comercial.
Debemos anteponer los intereses y las necesidades de los habitantes de la ciudad antes que el beneficio de alguna inmobiliaria. Los habitantes serán primero en Miguel Hidalgo; son nuestra prioridad
Margarita Martínez Fisher
Diputada local del PAN
JNO