La violencia contra la prensa repuntó durante la presente administración federal con mil 986 agresiones y 41 asesinatos a periodistas, con lo que se coloca como el más violento para la prensa. A ello se suma la pérdida de libertad de expresión, la impunidad sobre los crímenes, la censura y el uso excesivo de publicidad oficial, resaltó hoy la organización Artículo 19.
“Era importante hacer un recuento de los cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto y ver cómo las libertades democráticas y de información, asociación y reunión se han ido coartando cada vez más”, dijo a medios la directora para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.
De acuerdo con el reporte “Democracia simulada, nada que aplaudir”, durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006) se produjeron 22 asesinatos y cinco desapariciones. En la etapa de Felipe Calderón en la Presidencia (2006-2012) hubo 48 asesinatos y 15 desapariciones.
Mientras que en el actual mandato, iniciado en 2012 y que culmina en diciembre, la cifra de comunicadores muertos por su labor se sitúa ya en 41 y 4 desaparecidos.
El año pasado murieron 12 comunicadores y hubo una desaparición forzada, situación comparable a países en guerra como Siria, destacó la organización.
Además, se produjeron mil 986 agresiones en los últimos cinco años, y solo 8% fueron presuntamente cometidas por el crimen organizado. En cambio, 48% de los ataques se atribuyen a funcionarios públicos.
“En ningún año de los documentados, las agresiones por funcionarios públicos han sido rebasadas por las de algún otro grupo, sujeto o tipo de perpetrador”, dice el estudio.
Artículo 19 advirtió también de la participación de funcionarios públicos en los asesinatos. Si bien al inicio de sexenio 75 % de los homicidios contra periodistas eran cometidos por presuntos miembros del crimen organizado, hoy la tasa se reduce a 21,9 %.
Actualmente, 19,5 % de los asesinatos fueron presuntamente cometidos por funcionarios públicos, y el resto por actores particulares o se desconoce al autor.
“El mayor agresor contra la prensa, contrario a lo que dice el Estado, es el propio Estado”, señaló a Efe Ruelas, y subrayó que el mandato de Peña Nieto ya es “histórico” en materia de agresiones a la prensa.
Además, el número de ataques a la prensa ha crecido cada año durante su gobierno, de 330 en 2013 a 507 en 2017, y la impunidad en los crímenes contra la prensa es de 99,6 %.
“No existe ninguna consecuencia para ningún perpetrador para dejar de agredir a un periodista; ello prueba que para el Estado es rentable seguir agrediendo a periodistas”, destacó la representante de Artículo 19, acompañada en la presentación por Thomas Hughes, director de Artículo 19 Internacional.
A este fúnebre diagnóstico -que coincide con el mayor número de homicidios en 20 años en el país, 25.339 en 2017- se suman otras realidades que impactan en la libertad de expresión.
Sobresale el volumen de publicidad oficial que se ejerce desde el Gobierno federal y los distintos ejecutivos estatales, condicionando el tipo de información que llega al gran público, incluso en un periodo electoral como el de 2018, cuando serán elegidos los ocupantes de más de 3.400 cargos públicos, incluido el de presidente.
De acuerdo con cifras oficiales recogidas por la ONG, desde enero de 2013 a diciembre de 2017 fueron 40.000 millones de pesos (2.141 millones de dólares).
Además, estos recursos se distribuyen irregularmente: 56 % de ellos fueron a parar a 20 medios, mientras 44 % se destinaron a otros 3.100.
A esto se suma la incapacidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos a la Libertad de Expresión. Al respecto, Ruelas opinó que las investigaciones de esta fiscalía son una “simulación” porque rara vez llevan a la captura del autor material e intelectual de las agresiones.
Asimismo, no se ha podido garantizar la seguridad de los periodistas, pese a la creación de una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la consiguiente creación del mecanismo federal, concluyó el estudio.
En la presentación participó también Patricia Espinosa, hermana del fotógrafo Rubén Espinosa, asesinado en 2015 en Ciudad de México junto a la activista Nadia Vera y otras tres mujeres.
En un emotivo discurso, Espinosa instó a las autoridades a investigar los hechos hasta llegar a los culpables y acusó a los organismos públicos de “revictimizar” a los familiares porque “los ignoran” e incluso llegan a tratarlos mal.
“Callan al mensaje y al mensajero, reprimen la verdad y hacen saber a otros periodistas la suerte que correrán si se les ocurre seguir informando y ejerciendo libertad de expresión”, denunció.