Foto: Cuartoscuro/Archivo Procesado. Roberto Borge está actualmente preso (luego de ser extraditado desde Panamá) acusado de corrupción y desvío de recursos  

El Gobierno de Quintana Roo, en el último año de gestión del ex gobernador Roberto Borge Ángulo (actualmente preso, acusado de corrupción), pidió préstamos por dos mil 428.3 millones de pesos, recursos que fueron presuntamente desviados por funcionarios locales mediante documentación apócrifa de supuestos apoyos a agricultores.

 

En la revisión a la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que los recursos, obtenidos mediante créditos con diversas instituciones financieras, se entregaron a por lo menos cinco servidores públicos en efectivo y cheques.

 

Dichos funcionarios comprobaron la aplicación del dinero con listas que contenían nombres de miles de agricultores que, supuestamente, recibieron apoyos económicos. Sin embargo, la ASF halló que los listados son «apócrifos».

 

Entre las irregularidades están que en la mayoría de listados coinciden la forma de las letras y tipo de firmas, así como que existen nombres duplicados y otras inconsistencias.

 

La Auditoría sólo fiscalizó el último año de gobierno de Roberto Borge, ex gobernador actualmente encarcelado por diversos actos de corrupción.

 

Ante ello, pidió continuar con las investigaciones y sanciones, porque se presume que el mismo modus operandi fue utilizado por la administración de Borge entre 2012 y 2016, con lo cual, presuntamente se malversaron más de cinco mil millones de pesos.

 

La ASF concluye que se «presume un daño a la Hacienda Pública por un monto de dos mil 428.3 millones de pesos por los recursos públicos que el gobierno de Quintana Roo entregó a servidores públicos de la anterior administración, sin especificar ni comprobar su destino, así como el motivo y fundamentos por el que se les entregaron los mismos».

 

En su reporte abundaron que «dichos servidores públicos operaron un mecanismo para recibir recursos por medio de un mecanismo bajo el concepto de gastos por comprobar, mediante operaciones vinculadas con probables faltas administrativas y de que presentaron documentación que se presume apócrifa, todo lo cual corresponde a un conjunto de irregularidades identificadas».

 

Sobre la presentación de documentos falsificados, concluyen que «existen elementos para suponer que las listas de raya fueron prefabricadas para presentarlas como comprobantes de gastos de los recursos entregados a los agricultores».

 

aarl