Una delegación de alto nivel del Gobierno de México participó en dos audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el caso Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior.
Representantes del Gobierno de México reiteraron ante familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus representantes la determinación de arribar a conclusiones en las investigaciones este mismo año.
Una delegación de alto nivel del gobierno mexicano participó en dos audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar ese caso y la Ley de Seguridad Interior.
En la sede de la Corte en Bogotá, Colombia, los representantes mexicanos expusieron que es “deber de la presente administración de procurar la justicia, conocer la verdad, deslindar responsabilidades y dar las respuestas que legítimamente demandan las víctimas y la sociedad mexicana”.
En el marco del 167 período extraordinario de sesiones de la CIDH, el Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General República (PGR) compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado con las partes y avances relevantes.
Destacó que en las últimas semanas se ha allegado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales en un esquema de organización delictiva importante.
Ello, no obstante, deberá ser corroborado, incluso en el marco del diálogo con los representantes de las víctimas, detalló según un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y la PGR.
En la audiencia se refrendó el compromiso del gobierno mexicano por contar con planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes.
Por último se actualizó a la Comisión sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos.
“Se destacó que, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, no obstante que se continuarán realizando las diligencias que correspondan”, agregó el documento.
Además se subrayó que en esos casos existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
En lo que toca a la audiencia sobre la Ley de Seguridad Interior se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de ésta, que además se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La ley busca establecer normas claras para la labor auxiliar de la Federación –y de las Fuerzas Armadas– para atender las amenazas a la seguridad interior, cuando su magnitud supere las capacidades efectivas de las autoridades civiles directamente responsables”, señaló la representación mexicana.
Ello, añadió, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos y con salvaguardas claras en materia de gradualidad, temporalidad y transparencia, como lo contempla la ley.
La delegación de alto nivel que representó al Estado mexicano fue encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas.
Además el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Rafael Avante Juárez, y la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra.
El Gobierno de la República sostuvo que con su participación en las sesiones hace patente su compromiso absoluto con los derechos humanos en el país y reitera su política de apertura y colaboración con la Comisión Interamericana y las organizaciones de la sociedad civil.
dpc