Ante la falta de planos estructurales de los edificios dañados tras el sismo del 19 de septiembre pasado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, realizará maquetas virtuales para precisar las características de estos inmuebles y fincar responsabilidades.
En conferencia de prensa el procurador, Edmundo Garrido, informó que las sedes delegaciones solamente otorgaron dos expedientes de los 166 planos estructurales de las edificaciones que están bajo investigación.
Por ello, aseguró que los peritos en ingeniera forense encargados de los dictámenes de los edificios colapsados y dañados por el sismo, realizarán “estudios de gabinete con maquetas virtuales de cómo eran los edificios y compararan el material que realmente tenían”.
“Si el material no es el debido como se plantea en el plano, sería una conducta de fraude por parte de la constructora. Otro resultado sería que el material puede coincidir con el estipulado en el expediente, pero las dimensiones de la estructura no, ahí fincaríamos responsabilidades a los directores de obra responsables o corresponsables”, apuntó.
Edmundo Garrido aseguró que los resultados de los peritajes, “irán bien sustentaos, ya que serán presentados ante un juez de control, el cual determinará las responsabilidades de cada caso”.
También, indicó que de las 89 carpetas de investigación iniciadas por fraude que tienen por el cobro indebido de cheques de apoyo de renta a la vivienda, siete personas ya se presentaron a comparecer, de las cuales dos personas ya regresaron el dinero y uno más pidió 10 días para devolver el dinero.
“Los imputados están siendo citados en bloques de diez personas por día, los citatorios se están enviando a los domicilios que acreditaron los supuestos damnificados”, señaló el procurador.
Mencionó que el apoderado legal del Instituto de Vivienda (Invi) es el encargado de decidir si los imputados resarcieron el daño al regresar los tres mil pesos o llevar el caso ante un juez de control.
Además reveló que existen cinco órdenes de aprehensión pendientes en contra de corresponsables y directores responsables de obra (DRO), por diferentes casos de edificios que colapsaron tras el sismo del 19 de septiembre pasado.
caem