El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó reglas y criterios que prohíben la entrega de beneficios de programas sociales en eventos masivos públicos desde el inicio de las precampañas hasta el fin del proceso electoral 2017-2018.
En sesión extraordinaria, el organismo electoral nacional determinó también que se considerará presión sobre el electorado la entrega de tarjetas que impliquen un beneficio directo futuro o condicionado a un proceso electoral.
De esta manera el INE, con base en su facultad de atracción, emitió las reglas y criterios de interpretación para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018.
Las nuevas reglas y criterios se aprobaron a una semana de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los lineamientos de “cancha pareja” emitidos por el INE para los mismos objetivos.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aclaró que el acuerdo no contraviene lo dispuesto por el TEPJF sobre la imposibilidad de que el Instituto reglamente lo relativo a la aplicación del Artículo 134 constitucional.
Con estas reglas, dijo, se garantizar la equidad de la contienda electoral y desalienta el uso o condicionamiento de los recursos públicos y de los programas gubernamentales en beneficio o en contra de candidatos, partidos o coaliciones durante los procesos electorales 2017-2018.
Expuso que estas reglas y criterios emitidos por el INE recogen las tesis y jurisprudencias de la Sala Superior del TEPJF, en torno a la difusión de propaganda gubernamental, difusión de los informes de labores de servidores públicos y legisladores.
Asimismo la participación de funcionarios y la implementación de programas sociales durante los procesos selectivos.
Indicó que se busca evitar una dispersión interpretativa, dudas o incertidumbres sobre las conductas sancionables entre una entidad y otra, debido a la concurrencia de 30 elecciones locales, la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.
Por su parte el consejero Ciro Murayama señaló que estas reglas pretenden desvincular a los programas sociales del ámbito electoral.
Ello “cuando los beneficios de estos programas se ofrecen o se condicionan a cambio de determinadas conductas político-electorales de los beneficiarios, o cuando tratan de impactar en las preferencias político-electorales de los ciudadanos constituyen un mal uso de los mismos”, estimó.
El documento aprobado establece que las normas y criterios son de aplicación para todas las autoridades electorales del país, tanto federales como locales, así como a los servidores públicos en general.
Insistió en que se pretende garantizar certeza y seguridad jurídica respecto a la difusión de propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación, así como en la utilización de programas sociales y de sus recursos.
El acuerdo establece que los funcionarios públicos incurrirán en una violación al principio de imparcialidad al aplicar recursos públicos a cambio de la promesa o la demostración del ejercicio del voto en favor o en contra de algún aspirante, precandidato, candidato, partido o coalición.
Estas reglas operarán a partir del inicio de las precampañas hasta la conclusión de la jornada electoral.