Este viernes se entregará al Congreso de la Unión el Quinto Informe de Gobierno; el sábado tendremos un mensaje en el que seguramente escucharemos los logros de la actual administración federal.

 

Pero, sin duda, dos temas serán complicados de explicar: el combate a la corrupción y el aumento en la inseguridad. Por tres años, el Gobierno federal a través de diversas dependencias venía presumiendo que las cifras de homicidios dolosos estaban disminuyendo, y junto a este fenómeno también había una baja en los delitos de alto impacto como el robo, los secuestros y las extorsiones.

 

Pero las cosas cambiaron a finales de 2015, las cifras empezaron a estancarse y diversas regiones del país mostraron un incremento en la violencia; el discurso para entonces fue que se trataba de una restructuración de las organizaciones criminales, producto de las diversas detenciones a los líderes de las distintas organizaciones delictivas.

 

El discurso cambió y se presumió la detención de los objetivos prioritarios, una lista de 122 personas de las cuales nunca se dio su nombre, a diferencia de otros países que tienen su lista de los más buscados y es pública.

 

De acuerdo al Gobierno federal, a la fecha han sido “neutralizados” 106 de esos objetivos, de los cuales 92 fueron detenidos y el resto, abatidos. Pero en 2016 las cosas cambiaron y la tendencia al alza de la violencia comenzó a sentirse a lo largo del año.

 

El 18 de junio de 2016, paralelo al incremento de la violencia, se implementó en todo el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Meses después, el presunto culpable del incremento de la inseguridad y la violencia es el Nuevo Sistema de Justicia, pues para muchos gobernadores, políticos y procuradores, el Sistema Penal ha provocado la salida de cientos de delincuentes.

 

Es por eso que llama la atención lo ayer dicho por el presidente Enrique Peña Nieto durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, que cabe la pena señalar; es contrario a lo expresado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y diversos gobernadores que intentan impulsar una contrarreforma judicial o, al menos, cambios al Código Penal.

 

Al respecto, Peña Nieto les puso un alto y aseguró entender la preocupación y las críticas, hacia el nuevo sistema, pero fue enfático en recalcar que la implementación y el buen funcionamiento del sistema requieren de tiempo y compromiso permanente para ver resultados.

 

Y de esta forma afirmó que en este momento, más que ver el marco jurídico, “se debe observar la profesionalización de los responsables de su operación”. Y sin duda, el Presidente tiene razón, pues muchos no han implementado al 100% el Sistema de Justicia, lo cual ha provocado justamente que no esté funcionando.

 

Por otra parte, ayer Enrique Peña Nieto afirmó que el fenómeno delictivo se está transformando, pues 50% de los homicidios son del fuero común, y no están relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, esta cifra es difícil de comprobar, pues muchas averiguaciones previas por homicidio doloso nunca son concluidas y, por lo tanto, no se descubre el móvil.

 

caem