El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Julio Borges, acusó ayer que el ataque a la sede del Legislativo por parte de grupos que se identificaron como chavistas y que dejó 20 heridos, incluyendo siete diputados, fue ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Lo que sucedió (el miércoles) fue por orden del propio Gobierno, había dirigentes y empleados de la Alcaldía de Caracas (oficialista), había candidatos a la Constituyente de Maduro”, dijo Borges a la emisora privada Unión Radio al referirse a los atacantes.
El diputado opositor señaló que al oficialismo “se le fue de las manos” la situación pues, afirmó, los atacantes fueron apoyados por la Guardia Nacional (GNB, Policía militarizada), que no cumplió con las labores de resguardo, aunque aclaró que muchos subordinados de este cuerpo manifestaron su desacuerdo con la situación.
Asimismo advirtió que esta fue una “muestra” de lo que puede ser Venezuela si es electa la Asamblea Constituyente que ha propuesto Maduro para cambiar la Carta Magna, una iniciativa que, según la oposición, solo procura institucionalizar una “dictadura“.
Tanto la ONU como la OEA condenaron el ataque a los legisladores y el secretario general de ésta última, Luis Almagro, solicitó convocar una sesión extraordinaria para revisar el tema
En tanto, y como parte de la confrontación entre las instituciones venezolanas, el Ministerio Público negó la entrada a su sede a la vicefiscal general, Katherine Haringhton, designada en el cargo por el Tribunal Supremo de Justicia, pero desconocida por la fiscal general, Luisa Ortega, quien nombró recientemente a Rafael González como titular de ese despacho.
Haringhton, sancionada por EU en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, llegó hasta las puertas de la Fiscalía acompañada por varios funcionarios del Supremo y entregó una carta que le acredita como vicefiscal general, pero no pudo entrar.
Luego, la fiscal general escribió a través de Twitter que denunciaba “la pretensión arbitraria de la vicefiscal de ingresar al Ministerio Público”.
Ortega responsabilizó a la policía militarizada y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional “de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios” de la Fiscalía.
caem