Esta semana se dio a conocer el contrato celebrado entre la Procuraduría General de la República y el grupo que le vendió el equipo de espionaje NSO Pegasus, por más de 32 millones de pesos.
Si bien ya era público que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la PGR habían hecho la compra de este software, no se habían detallado diversas cuestiones que nos deberían preocupar más allá de los intentos de espionaje.

 

El contrato por sí mismo debería generar una investigación por parte de las autoridades federales, para que se dé a conocer la forma en que se contactó a la empresa, se determine si la compañía israelí NSO realmente cuenta con intermediarios e, incluso, se detalle por lo tanto si lo que compró la PGR es el programa Pegasus o pudiera tratarse de un software pirata.

 

 

Otro de los puntos que debería investigar la autoridad es detallar qué tanto acceso tuvo la empresa Tech Bull a las instalaciones, programas y servicios tecnológicos de la PGR.

 

Esta última aceptó en el contrato que el Grupo Tech Bull le proporcionara “servicio de mantenimiento y soporte por medio de ingenieros que inspeccionaron, examinaron y resolvieron problemas técnicos, a través de asistencia remota, usando software de escritorio remoto y una red privada virtual”.

 

Es decir, el programa espía NSO Pegasus podía ser manejado y monitoreado por empleados del Grupo Tech Bull desde cualquier lugar. Situación que hace pensar que el programa pudo haber sido empleado no sólo por personal de la PGR para espiar, sino por terceros que aprovecharon el acceso al programa.

 

Lo cual hace más peligroso el presunto espionaje a periodistas y miembros de organizaciones civiles, pues ahora la duda es si este programa fue utilizado por terceras personas.

 

 

Por ello resulta necesario saber el verdadero origen del Grupo Tech Bull, SA de CV, el cual vendió el programa de espionaje, sobre todo porque todo indica que es una empresa que tiene un solo contrato con el Gobierno federal y no presenta ningún otro antecedente.

 

 

Sumado a ello y observando los detalles del contrato, se puede registrar que el Grupo Tech Bull se encuentra ligado a la empresa Balam Seguridad Privada SA de CV, que por Internet ofrece servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad y se dice que pertenecen a Asaf Zunzuri y Rodrigo Ruiz Treviño de Teresa.

 

 

Lo interesante es que, de acuerdo al contrato, se señalan dos domicilios fiscales en los cuales se supone estarían instaladas las oficinas. Sin embargo, si uno busca ahora en las direcciones, podremos observar que no tienen oficinas, no contestan los teléfonos y bajaron sus páginas del Internet con base en lo investigado por la reportera Fátima Monterrosa, de En Punto.

 
De hecho, en los presuntos domicilios existen oficinas virtuales, que cualquier persona puede rentar por horas, y lo mismo ocurre con otra dirección que Tech Bull registró en vía web.

 

 

Días antes, el diario 24 HORAS publicó una entrevista con Rodrigo Ruiz, quien dijo que él no vendió Pegasus y que realmente fue el proveedor el que lo echó al fuego; se dijo utilizado para desviar la atención.

 

 

 

En otros procesos
Mañana volverá a comparecer el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte ante un juez de Guatemala. En esta ocasión conoceremos en la audiencia pública cuáles son los hechos y los montos reales por los cuales la PGR inició el proceso de extradición en su contra y si es que decide allanarse y entregarse a las autoridades mexicanas.