El club de cuates que forman la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebró su reunión número 52 desde su creación.
La Conago nació en los albores de la administración de Vicente Fox, pensada como una asociación para hacer contrapeso “al presidencialismo”.
Pero muy poco han podido hacer, ya no como contrapeso, sino como bloque a favor de sus gobernados.
De la Conago han salido propuestas como el Mando Único Policiaco, algunas propuestas de reforma fiscal, pero sus miembros generalmente andan distraídos en proyectos propios o de partido que en nada abonan al prestigio de la asociación.
El Mando Único sigue siendo una aspiración, así como la limpia de las policías estatales y municipales, muchas de las cuales, por acción u omisión, forman parte de la delincuencia organizada.
Los gobernadores destinan mucho tiempo de esas reuniones, como la de ayer, para hablar de problemas como el muro de Trump, pero poco y nada hacen para mejorar la seguridad en sus entidades o combatir la corrupción, pese a los escándalos que involucran a varios de sus muy conocidos ex miembros.
Cambian lo urgente por lo realmente importante, pues.
Muy mal cayó en el PAN la difusión del pleito entre Felipe Calderón y Juan José Rodríguez Prats.
Por regla, los panistas no difunden sus discusiones internas en tiempos de campañas electorales para evitar distracciones.
Ocurrió, sin embargo, que pese a ese acuerdo no escrito, alguien filtró la ríspida conversación entre el ex Presidente y el michoacano, lo que generó la imagen de un partido dividido, justo ahora que requiere de unidad para ganar las elecciones en Nayarit, Coahuila, Veracruz y el Estado de México.
Parodiando a un cantante guatemalteco, el problema no fue el pleito, el problema fue la difusión.
¡Ah, qué modositos!
Reapareció en San Lázaro el diputado Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte, luego de que la Comisión Instructora lo consideró no sujeto de juicio político por tener un amparo en contra de “cualquier acción penal que provenga de la Fiscalía de Veracruz”, según él.
El diputado tricolor está acusado de haber desviado “nada más” 23 mil millones de pesos.
Pese a ello, un juez le concedió un amparo en contra de la Fiscalía local debido a que consideró que ésta violó los derechos del acusado al no permitirle conocer cuáles son las imputaciones y pruebas en su contra.
No hay –y parece que no habrá- por el momento un juicio para desaforar al diputado debido a que posee un amparo.
Pero en esa lógica, entonces el diputado chihuahuense Enrique Antonio Tarín García, suplente del diputado fallecido Carlos Hermosillo, tendría derecho a que le tomaran protesta porque también cuenta con un amparo.
Tarín es acusado de desviar 350 millones de pesos cuando era encargado del sistema de aguas de Chihuahua y sobré él pesa una orden de aprehensión, la cual fue detenida por un amparo.
Con la protección judicial en la mano, ahora quiere, exige, que le tomen protesta como diputado.
La Junta de Coordinación Política de los diputados no ha dicho ni pío.
aarl