El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó hoy llamar como imputado al dueño de la multinacional OHL Juan Miguel Villar Mir en el marco de las pesquisas sobre las actividades de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, con intereses en Latinoamérica.
La semana pasada el juez ordenó la detención de una docena de personas relacionadas con esa empresa y sus actividades, entre ellas Ignacio González, que la encabezó entre 2003 y 2012, antes de acceder a la Presidencia de la Comunidad (región) de Madrid, una rica región de 6,5 millones de habitantes.
González y otros exdirectivos están en la cárcel sin fianza por las supuestas irregularidades en la adquisición de empresas en países latinoamericanos por parte de Inassa, la filial del Canal de Isabel II para la región.
Se trata de saber si en algunas operaciones el Canal pagó sobreprecios por entidades de menor valor y si una parte de esos fondos públicos fue desviada de modo irregular.
La noticia de hoy en la investigación o imputación a Villar Mir, primer accionista de la OHL, cuyo yerno, Javier López Madrid, también fue detenido el jueves pasado y puesto en libertad con una fianza de 100.000 euros.
En este caso lo que el juez investiga es el supuesto pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González por parte de OHL (lo que las dos partes niegan) a modo de comisión para una obra ferroviaria que nunca se culminó.
Y es que el juez sospecha que el dinero supuestamente abonado como “mordidas” haya podido ir al bolsillo de directivos pero también, eventualmente, a una caja B del Partido Popular (PP, centroderecha), que gobierna la región madrileña desde 1995.
Además, el juez Velasco ha pedido información sobre un amplio grupo de personas, entre quienes se encuentra el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana (PP9, quien aparece en el sumario en conversaciones intervenidas a Ignacio González.
El juez no ha imputado a Zaplana, han apuntado a Efe fuentes jurídicas.
Fuentes próximas a Zaplana han recalcado que es normal que el juez pidiera información sobre sus propiedades, pero que la investigación no ha pasado de ahí.
En el auto dictado el pasado viernes por el juez Velasco se recoge que González propuso al exministro “montar una estructura financiera” opaca en el extranjero para “canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo”, algo que el propio Zaplana negó al asegurar que nunca ha tenido “ninguna sociedad ni relación mercantil” con González.
También figura entre las personas sobre quienes el juez ha pedido información el exconsejero regional de Madrid Alberto López Viejo, quien está procesado en el caso Gürtel, un juicio que se lleva a cabo en la actualidad y cuyos protagonistas son empresarios que supuestamente pagaban comisiones opacas por conseguir contrataciones públicas con administraciones del PP.
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el juez Velasco habría pedido el bloqueo de cajas de seguridad vinculadas a esas personas, lo que no significa que estén imputadas.
En la trama del Canal de Isabel II, conocida como “operación Lezo”, figuran también un hermano y un cuñado de Ignacio González, todos ellos arrestados.
El escándalo político generado por esas detenciones se ha amplificado al conocerse que el hermano del expresidente madrileño, Pablo González, se reunió discretamente hace algunas semanas con el “número dos” del ministerio del Interior, José Antonio Nieto.
La oposición ha pedido que tanto Nieto, como su superior, el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, expliquen en el Parlamento sobre qué conversó el alto funcionario con una persona investigada por la Justicia.
Y la operación Lezo también acabó hoy con la carrera política de una histórica dirigente del PP, Esperanza Aguirre, que fue ministra de Cultura (1996-99), presidenta del Senado (1999-2002) y presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-12) y gran valedora de Ignacio González.
Aguirre, en su momento una de las políticas más populares y poderosas de España, compareció ante la prensa para presentar su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Madrid, cargo que tenía actualmente, para asumir su responsabilidad tras sentirse “engañada y traicionada” por González.
jram