Con 77 votos a favor y nueve en contra, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Víctimas, a través de las cuales se faculta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atraer casos del fuero local, convirtiéndose en el órgano rector en materia de atención a víctimas y de violaciones de derechos humanos.

 

Con las modificaciones avaladas, la CEAV deja de ser un órgano colegiado para contar ahora con la dirección de un Comisionado Ejecutivo, quien será nombrado por el presidente de la República, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, mismo que será ratificado por el Senado de la República.

 

Entre las nuevas disposiciones destaca el de garantizar la participación de sociedad civil en la formulación, control y evaluación de las políticas públicas, a través de la figura de Asamblea Consultiva que estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que podrán asesorar al Comisionado Ejecutivo.

 

Además se flexibilizan los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que podrán ser utilizados para gastos de alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros.

 

El dictamen aprobado establece la obligación de las entidades federativas para contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas.

 

Asimismo se fortalece la actuación del asesor jurídico federal, como mecanismo para hacer valer los derechos de las víctimas. La figura de asesor jurídico estará adscrita a las comisiones ejecutivas y estará integrada por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos de las víctimas.

 

Al presentar el dictamen, el senador Fernando Yunes Márquez (PAN) a nombre de la Comisión de Justicia destacó que a través de las reformas aprobadas se promueven medidas de asistencia y se crea un fondo de apoyo que concentre los recursos para ayudar a las víctimas de delitos.

 

En representación de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña (PRD), precisa que con este instrumento se moderniza el modelo de protección de víctimas y se da respuesta a las demandas de los colectivos y organismos de la sociedad civil. Además destacó que se considera la atención de las víctimas por desplazamiento interno.

 

En su turno, María Cristina Díaz Salazar (PRI), a nombre de la Comisión de Gobernación, sostuvo que con las reformas se atiende un reclamo social y una necesidad del Estado. Se trata dijo, de una medida que encausa a la sociedad y al Estado a conducirse de manera conjunta en beneficio de las víctimas de cualquier delito.  dmh