Durante la semana que concluyó, los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión aprobamos la Ley de Ingresos de 2017, uno de los instrumentos de política pública y económica más importantes del país.

 

Los ingresos totales de la nación se calcularon en 4.8 billones de pesos. No fue una jornada fácil ni rápida. Previo las Comisiones Legislativas, y en particular la de Hacienda, presidida por la diputada Gina Cruz Blackledge, trabajaron en la búsqueda de consensos, acudieron los funcionarios de la Secretaría de Hacienda a cuanta consulta fueron convocados.

 

Aquí destaco la gran disposición a la labor y la apertura al diálogo demostrada por el subsecretario de Ingresos, el doctor Miguel Messmacher Linartas, quien forma parte del nuevo equipo de trabajo del secretario José Antonio Meade, y a quienes, como a nosotros los Legisladores, nos ha tocado resolver un momento crÍtico para México, que enfrenta retos internacionales por la caída del precio en el petróleo, las elecciones en Estados Unidos, además de los retos naturales del desarrollo.

 

El primer mensaje que la mayoría de los legisladores enviamos al aprobar la Ley de Ingresos 2017, en tiempo y forma, fue al mercado financiero nacional y extranjero. México con su cariz plural y diferente esta de pie; sus instituciones son sólidas y gozan de salud para enfrentar sus compromisos en el mercado interno y externo. Lo contrario pudiera haber producido daños a la economía de las familias y de las empresas, ante la volatilidad del peso frente a las monedas extrajeras, y la amenaza de mayor disminución en las calificaciones de las finanzas públicas que pegan directo en el costo del endeudamiento.

 

Lo aprobado en la miscelánea fiscal 2017 no cumple con todas las expectativas de crecimiento es muy cierto, es una cobija que todavía no crece lo suficiente para resolver los grandes déficits en materia de infraestructura educativa, a pesar del ambicioso programa de escuelas al cien, y deja en el aire temas como el posible recorte en salud.

 

El dinero que se recauda por todos los impuestos, derechos y otros ingresos no le alcanza al Gobierno para todos los gastos que tenemos, y la alternativa que ha implementado es seguir pidiendo prestado. De hecho, este sexenio es el que más ha dependido del endeudamiento para subsistir, hasta llevar casi a 50% del PIB lo que se debe como nación.

 

Desde luego que a grandes sectores del país y de la cámara no nos gusta esta situación, aunque nuestra capacidad de pago esté a salvo y los organismos financieros sigan confiando en nosotros, vivir de prestado no es bueno para nadie.

 

Pero la alternativa, es decir, no aprobar dentro de los ingresos el componente de la deuda hubiera sido una medida más dolorosa, porque implicaría muchos recortes más de los ya anunciados en sectores necesarios para el progreso, pero ante todo habría sido una medida peligrosa cuyas consecuencias no son difíciles de imaginar.

 

También es cierto, y hay que decirlo con claridad, este Gobierno no ha sido congruente con este escenario. No ha reducido el gasto corriente de forma sustancial, la estructura federal sigue siendo obesa y pesada, y su sola disminución ayudaría, sin duda, a bajar en alguna medida el problema de la deuda.

 

Punto de acuerdo

 

Por otra parte, pero en el mismo tema del endeudamiento, otro factor negativo en su crecimiento desproporcionado es la irresponsabilidad monumental de gobiernos locales que han hipotecado el futuro de las próximas generaciones, porque además el dinero prestado no se ha traducido en más desarrollo regional. Espero que lo que ocurra en el caso de Veracruz reciba sanciones tan severas para todos los implicados, que sirva para que los nuevos y futuros gobernadores pongan sus barbas a remojar.

 

*El autor es presidente de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.