Tiroteos entre traficantes de droga y más de 100 policías en una favela supuestamente ‘pacificada’ de Copacabana dejó tres sospechosos muertos y el mismo número de heridos, mientras decenas de comercios en el barrio más turístico de la ciudad cerraron sus puertas y siguen sin poder abrir por el clima de inseguridad.
Los tiroteos registrados la víspera durante todo el día en las favelas Pavão-Pavãozinho y Cantagalo asustaron a miles de personas que viven en los barrios de Ipanema y Copacabana, la zona más turística y una de las más burguesas y seguras de la ciudad.
Habitantes de estos barrios colgaron desde este lunes innumerables vídeos en las redes sociales y relataron sus experiencias en sus casas, mientras intensos tiroteos a pocos metros de éstas evocaron imágenes más características de un país en guerra como Siria que de una ciudad que hace apenas dos meses celebraba los Juegos Olímpicos.
La policía tuvo que desplegar a más de 120 hombres de la policía militar y las fuerzas especiales armados con fusiles automáticos, mientras los batallones eran asistidos por helicópteros, ante la dificultad de operar en las áreas angostas de las dos favelas, erigidas sobre una colina a pocos metros del mar.
Ello para intentar reducir a un grupo de traficantes que durante la mañana había atacado la base policial en estas dos favelas, que están desde 2009 bajo el programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), y había logrado herir levemente al comandante.
Después de que los enfrentamientos en Copacabana, el secretario de seguridad del estado de Río, José Mariano Beltrame, anunció que presentará su dimisión a final de mes, poniendo fin a una etapa de casi 10 años en la que logró reducir la violencia y los homicidios por medio del despliegue de las UPP en 38 favelas.
Beltrame, comisario de policía considerado como uno de los hombres clave en la mejora de unos índices de seguridad de una ciudad que se preparó para ser sede de los Juegos Olímpicos, había señalado que podría abandonar el cargo por la falta de recursos públicos para seguir expandiendo su programa.
Ello porque Río de Janeiro está al borde de la bancarrota, por causa de unas finanzas públicas que -con un déficit para este año evaluado en seis mil millones de dólares- no tiene liquidez para pagar sueldo ni horas extras a los policías, así como para hacer funcionar de manera normal los hospitales públicos.
Numerosos analistas y expertos en seguridad llevan meses advirtiendo que la falta de dinero público puede provocar una nueva crisis de seguridad en Río de Janeiro –si es que ya no se está produciendo-, ya que los grupos de narcotraficantes parecen haberse reforzado en zonas consideradas seguras, ante la falta de medios policiales.