Un custodio del sistema penitenciario del Estado de México y 13 trabajadores de los juzgados orales y de empresas de seguridad privada que prestaban sus servicios cuando se fugó Jonathan Gerardo Galicia Villegas, son investigados para deslindar responsabilidades por el delito de evasión de reo.

 

El custodio, quien era responsable de vigilar al presunto delincuente durante su estancia en la sala de juicios orales, quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de México.

 

La misma situación enfrentan los empleados de los juzgados y el personal de seguridad privada que la mañana del lunes trabajaban en la zona donde se cometió el delito, informaron autoridades mexiquenses.

 

De acuerdo con los primeros reportes, Galicia Villegas tenía un día en el penal de Barrientos, había sido ingresado acusado de robo y escapó cuando fue llevado a una sala de juicios orales ante el juez de control, sin embargo, la información trascendió por la tarde.

 

La sala está a un costado del reclusorio, el cual alberga a unos 3 mil internos, con una sobrepoblación de más de 100%.

 

En cambio, por la fuga de tres delincuentes que se llevó a cabo el mismo día, pero en la noche, las autoridades mexiquenses no informaron si hay personas a disposición de la autoridad ministerial ya que la huida se consumó durante los hechos violentos derivados del motín que duró 2 horas 40 minutos, según la información que dio a conocer José Manzur, secretario de Gobierno del Edomex.

 

Ángel Roberto Chávez Hernández, sentenciado por los delitos de cohecho y homicidio, recluido desde enero de 2010; José Antonio Arvisu Caballero, preso por robo a casa habitación desde julio de 2013, y Bernabé Ángeles Ramírez, sentenciado por violación y privado de la libertad desde octubre de 2010, supuestamente escaparon del reclusorio ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, escalando las paredes.

 

Manzur afirmó ayer en entrevista radiofónica, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez de Grupo Radio Centro, que durante el motín el personal de custodia asignado a las torres de vigilancia abandonó su puesto para bajar a ayudar a sus compañeros.

 

Este martes, como caso exclusivo y ante la presión de los familiares de los internos, se permitió el ingreso de mil 831 personas al centro penitenciario, quienes deseaban ver a sus parientes para conocer su estado de salud.

 

Las autoridades mexiquenses ofrecen una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien proporcione información fidedigna que lleve a la reaprehensión de estas cuatro personas.