El Senado de la República aprobó en lo general y particular la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se otorga a la ciudadanía el control de los órganos que coordinarán este sistema para vigilar, investigar, combatir y castigar a los servidores públicos y particulares que participen en actos de corrupción.

 

La Ley del SNA obliga a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión presentar ante las autoridades sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

 

Mientras que la votación en lo particular se admitió con 74 votos a favor.   En el marco de la primera sesión del periodo extraordinario además se aprobó en lo general con 116 votos a favor y cuatro en contra, los dictámenes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como leyes secundarias en materia de combate a la corrupción.  

 

Sin embargo, de acuerdo con el dictamen, no será obligatorio que hagan públicos los detalles, por ejemplo, los montos de sus cuentas, los valores de sus propiedades y especificaciones como la ubicación de inmuebles, solo será así cuando el funcionario lo autorice.  

 

En estos momentos se discute la Ley General de Responsabilidades Administrativas y más tarde se espera la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

Durante la discusión en comisiones, la principal diferencia entre los grupos parlamentarios se generó en torno a la redacción del artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, o Ley 3 de 3 que tiene que ver con la publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés de los servidores públicos.

 

Fue la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, quien  explicó que “aun y cuando se mantiene la obligatoriedad de presentar las declaraciones patrimonial y de intereses, se establecen disposiciones sesgadas e imprecisas que restan efectividad al registro de las declaraciones fiscales”.

 

Ante ello, los senadores del PRD pretendían formar un bloque opositor con el PAN, el PT y la senadora independiente Martha Tagle para lograr reformar el artículo 29 y permitir mayor publicidad a las declaraciones.

 

Al respecto, los senadores Pablo Escudero y Raúl Cervantes respondieron a las acusaciones panistas y perredistas, y aseguraron que la petición hecha por Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana y representante de la sociedad civil, se incorporó tal cual en la propuesta que se hizo en el dictamen final, “para que no sean los senadores quienes determinen el contenido y formatos de las declaraciones patrimoniales, sino que las organizaciones de la sociedad civil elaboren y propongan dichos formatos al Sistema Nacional Anticorrupción “.

 

TPC