La reformas al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales otorgan certeza jurídica a las acciones que ya vienen realizando las fuerzas armadas ante la inacción de las autoridades civiles en materia política y judicial, consideró el doctor Javier Oliva Posada, investigador de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Evidentemente las reformas al Código de Justicia Militar, es para darle un mínimo de certeza jurídica a la acción de los militares en acciones que no les competen, porque los gobernadores, los presidente municipales, los diputados y senadores, están de brazos cruzados en la materia”, señaló Oliva Posada.
Negó que las nuevas atribuciones que serán plasmadas en la Ley, sean violatorias de los derechos humanos o vayan dirigidas en contra de civiles; por el contrario, dijo que son un indicativo de lo que ha dejado de hacer la autoridad civil.
Entrevistado por 24 HORAS, el investigador de la UNAM manifestó que lo único que debe preocupar de estas reformas es que “evidencian la debilidad estructural que tienen las instituciones encargadas de la seguridad pública y legislativas. Es decir, entre más atribuciones se le estén dando a las fuerzas armadas, hay una renuncia implícita de la autoridad civil a cumplir con su responsabilidad”.
Aclaró que de ninguna manera justifica los abusos en los que han incurrido algunos integrantes del Ejército, no obstante, dejó ver que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha reportado una disminución hasta del 60 por ciento de quejas y un 70 por ciento de recomendaciones de este Organismo a las Fuerzas Armadas.
No obstante, dijo que la crítica de los legisladores de izquierda, se la deberían de hacer a los actores civiles que no están cumpliendo con su labor de ofrecer seguridad pública, es decir a las policías municipales, procuradurías locales, la Procuraduría General de la República, y el Sistema Penitenciario, entre otras autoridades.
Justificaciones
De acuerdo con el especialista, al día de hoy hay acciones cotidianas que incluyen la participación de militares.
Actualmente hay 40 mil militares apoyando labores de seguridad pública en las calles y se estima que al día tienen al menos 5 interacciones con civiles.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reportado una disminución hasta del 60 por ciento de quejas y un 70 por ciento de recomendaciones.
La crítica de los legisladores de izquierda, se la deberían de hacer a los actores civiles que no están cumpliendo con su labor de ofrecer seguridad pública.