La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició expedientes por casos detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante en su detención y por tortura en algunos de los detenidos por el caso Iguala.

 

El organismo difundió que por posible tortura son 47 expedientes, mientras que se radicaron cuatro expedientes por probable maltrato en la detención y 11 más posible detención arbitraria.

 

La comisión, encabezada por Luis Raúl González Pérez, solicitó información tanto a la Procuraduría General de la República, Centros de Readaptación Social y Juzgados Federales sobre las detenciones de los implicados.

 

“Es pertinente mencionar que, en algunos casos, ha existido dilación para cumplir con lo solicitado”, afirmó la CNDH.

 

La CNDH incorporó también a su expediente el informe presentado por el GIEI el 6 de septiembre de 2015 y agregará el que presentó el domingo pasado, a unos días del término de su mandato para valorar los elementos documentales del GIEI con las propias.

 

Añadió la CNDH que peritos médicos y psicólogos del organismo efectuaron valoraciones clínicas, entrevistas y evaluaciones psicométricas de los quejosos, siguiendo lo dispuesto por el Manual para la investigación y Documentación eficaces de la tortura y otros tratos o o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”

 

ONU pide seguimiento

 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al Gobierno Mexicano a  seguir las líneas de investigación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) plasmó en su último informe sobre la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

En un mensaje a medios efectuado en Ginebra, Suiza, el vocero de la oficina, Rupert Colville, destacó la importancia de que el Gobierno mexicano siga las recomendaciones del informe final, como la resolución de todas las líneas de investigación sobre la actuación de agentes de seguridad del Estado la noche de la desaparición.

 

“Estamos preocupados por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso. Hacemos un llamado al Gobierno para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto”, dijo.