La Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados, instalada ayer y presidida por el PRI, determinó desahogar las solicitudes que existen en contra de funcionarios de acuerdo al orden cronológico en que fueron presentadas de 2003 a la fecha. Lo que la bancada del PAN calificó como “una burla” para los mexicanos.
En una reunión privada, la copresidenta de la Subcomisión, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), pidió a los integrantes de dicho grupo actuar con “responsabilidad” y evitar una confrontación al interior de este órgano con fines electorales.
“Este es un tema sensible, por lo que debe ser tratado con la máxima responsabilidad y profesionalismo, pues aunque el procedimiento de juicio político por su propio contenido permita ganar o perder simpatías en el terreno electoral, ello sólo avivaría la polarización social y fomentaría el odio en lugar de promover el debate jurídicamente fundado y motivado”, dijo Guillén Vicente a los integrantes de la subcomisión.
La Secretaría General de San Lázaro resguarda desde hace 13 años alrededor de 341 solicitudes de juicio político. El artículo noveno de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público establece que “el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones”.
Es procedente el juicio político cuando los servidores públicos actúen en perjuicio de intereses públicos, como el ataque a las instituciones democráticas, violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, ataques a la libertad del sufragio y usurpación de atribuciones.
Crítica azul
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, consideró “una burla” para los ciudadanos la decisión de la Subcomisión de revisar las solicitudes de juicio político en orden cronológico y no con base en el interés público.
“Que ahora simplemente se nos diga, que no hay fecha para tratar los temas que más están demandando los mexicanos, como es el caso del gobernador (de Veracruz) Javier Duarte y como es el caso de la Secretaría de la Función Pública, por exonerar a su jefe. Sí es una burla para los mexicanos”, dijo Cortés.
La comisión está copresidida por dos priístas: Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, presidentes de la Comisión de Gobernación y Justicia, respectivamente. En total, el órgano está conformado por 14 legisladores y a la instalación únicamente faltó uno, el diputado del PRI, Armando Luna Canales, por encontrarse en una gira de trabajo.