Lenta y sin consenso se encuentra la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) para nombrar a un fiscal especial anticorrupción, que impondría sanciones penales a los corruptos.
Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, el perfil del fiscal anticorrupción debe estar sujeto al diseño de la fiscalía, que a su consideración debe ser autónoma políticamente; y con atribuciones para revisar toda la información de la persona sujeta a investigación, como cuentas de banco, en el extranjero e inversiones en el mercado bursátil.
Entrevistado por separado, Armando Ríos Piter, senador del PRD, estimó que la mujer o el hombre que ocupe dicha posición debe contar con “talento, capacidad, pero sobre todo, individualidad y fuerza para enfrentarse a los corruptos”. Pese a ello dijo que no es momento para filtrar o barajar nombres sobre quiénes podrían ocupar el cargo.
En ese contexto y a pregunta expresa de 24 HORAS sobre si está interesado en ser el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, como trascendió públicamente, el senador Raúl Cervantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respondió tajantemente que ello no está en sus planes y tampoco lo ha considerado.
Max Kaiser, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), resaltó la importancia de dicha figura; “el fiscal será el encargado de investigar los casos que tengan relevancia penal, y tendrá una estructura lo más robusta posible para investigar los casos más graves”.
Advirtió que de no aprobarse la reforma a la Ley Orgánica de la PGR, que dará facultades a la Fiscalía Especial Anticorrupción para actuar penalmente por actos de corrupción, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción estará incompleto, pues no existirían sanciones penales para los corruptos.
La iniciativa presentada por senadores del PAN y PRD para reformar dicha norma será discutida en el marco de las leyes secundarias anticorrupción, y en ella se propone que la fiscalía esté dotada de independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer los delitos en materia de corrupción. Y según especialistas del IMCO, una vez que sea aprobada, los resultados podrían reflejarse después de dos años, debido a que se requiere crear una estructura física y operativa.
El senador Luis Humberto Fernández, del PRD, explicó que el resto de las modificaciones secundarias, no tendrían sentido sin una fiscalía, “imagínate que cambiemos al Tribunal, que cambiemos la ley, que expidamos la Ley de Responsabilidades y no haya quién lo aplique, sería ridículo, porque entonces ¿quién perseguirá a los corruptos?”.