WASHINGTON. El Tribunal Supremo de EU evaluó dividido entre sus miembros liberales y conservadores si el presidente, Barack Obama, se excedió o no en su poder al proclamar un plan para frenar la deportación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.

 

Un empate entre los ocho magistrados que componen actualmente el alto tribunal supondría un duro golpe para Obama y para los millones de inmigrantes que se beneficiarían de esas medidas migratorias, que además podrían ser derogadas por el próximo presidente estadunidense que llegará al poder en enero.

 

Estas medidas fueron bloqueadas por iniciativa de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

 

El juez conservador Anthony Kennedy, que en muchos casos es el voto clave en una votación ajustada, cuestionó que Obama pueda suspender las deportaciones de millones de personas sin el visto bueno del Congreso, al considerar que esa “es una tarea legislativa”.

 

En cambio, la jueza de inclinación progresista Ruth Bader Ginsburg opinó que “inevitablemente hay que plantear prioridades” a la hora de deportar o no a los indocumentados del país, algo con lo que coincidió la magistrada hispana Sonia Sotomayor.

 

El presidente de la máxima instancia judicial, John Roberts, abarcó uno de los argumentos principales que emplea Texas en su demanda: los daños económicos que provocaría emitir de manera masiva las licencias de conducir a las que tendrían derecho los indocumentados beneficiados por las medidas de Obama.

 

Ante el argumento de Texas sobre daños económicos, el gobierno alegó que los estados no tienen ninguna autoridad para desafiar las acciones ejecutivas porque, al no haber entrado en vigor, todavía no han causado ningún daño concreto y tangible a los estados y, por tanto, el caso se sustenta sobre hipótesis y no hechos.

 

La audiencia contó con la inusual participación de la Cámara de Representantes, que por iniciativa de la mayoría republicana defendió que el presidente “no tiene el poder” para escribir las leyes y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según sostuvo la abogada Erin E. Murphy.

 

No obstante, esa letrada no representa a todos los legisladores, pues las medidas migratorias han recibido el apoyo de 225 miembros demócratas de la Cámara baja y el Senado, así como de un grupo bipartidista de antiguos legisladores.

 

Si empatan, los jueces tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo magistrado se incorpore a la corte.