La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció hoy un grupo de expertos a Honduras para investigar el asesinato de la activista Berta Cáceres pese al revés que ha sufrido la misma experiencia en México, con la negativa del Gobierno a que continúen las pesquisas sobre el caso Ayotzinapa.
Ni este choque con el Gobierno mexicano ni la “campaña de difamación” que sufrieron sus expertos han hecho que la Comisión se piense dos veces el tratar de repetir la iniciativa en Honduras.
La CIDH tuvo que admitir hoy que sus expertos no pueden seguir investigando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 por impedimento del Gobierno mexicano, pese a que tanto los familiares como los comisionados consideran que la labor debería continuar hasta que se conozca la verdad de los hechos.
“Lamentamos profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos”, afirmó hoy el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en una rueda de prensa en Washington.
Ante la imposibilidad de continuar con su asistencia técnica en México, la CIDH negociará ahora con el Gobierno y las familias de los desaparecidos “los términos específicos” con los que operará su nuevo “mecanismo especial de seguimiento” del caso.
El comisionado defendió que, con su trabajo de poco más de un año, el GIEI ha contribuido “a desmontar una versión incorrecta” de los hechos, “ha mostrado las fallas gravísimas en la investigación” y ha evidenciado “la imposibilidad física de la incineración de 43 estudiantes”.
“El grupo ha mostrado que la investigación seguía líneas comprobadamente equivocadas y ha servido para informar a la sociedad mexicana y mundial de lo que estaba pasando y ha conseguido reorientar esta investigación”, añadió.
En el nuevo mecanismo que establecerá la CIDH para seguir el caso, se tendrán en cuenta las recomendaciones del informe que los expertos publicarán a la conclusión de su mandato y las consultas que se haga con ellos en el futuro, dado su conocimiento del tema.
Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha dado una razón clara para no renovar el mandato del grupo de expertos, que ha chocado en numerosas ocasiones con las autoridades mexicanas tanto por ponerles trabas para efectuar sus investigaciones como por otras decisiones tomadas en el marco de las pesquisas.
Los expertos comenzaron a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas y, al vencerse el primer mandato el pasado octubre, las partes acordaron una segunda etapa de trabajo de seis meses con posibilidad de futuras renovaciones.
La noche del 26 de septiembre de 2014, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala por policías corruptos.
Según la versión de la Fiscalía, en el ataque perdieron la vida seis personas, entre ellos tres estudiantes, y 43 más fueron detenidos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
Pese a que los expertos de la CIDH tendrán que irse de México sin que se sepa qué ocurrió realmente, la Comisión propone ahora repetir la experiencia a Honduras ante el polémico caso del asesinato de la activista Berta Cáceres.
La CIDH ofreció hoy al gobierno de Honduras la creación de un grupo de expertos para investigar el caso, como reclaman sus familiares y el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La Comisión tiene “disposición e interés” y cree que “es una buena posibilidad” designar un grupo de expertos, a imagen del de Ayotzinapa, pero necesita que el Estado esté de acuerdo.
Cavallaro explicó que ese grupo no solo indagaría en la muerte de Cáceres sino también en otros casos de defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Honduras pese al deber del Estado de protegerles por tener medidas cautelares de la Comisión.
Honduras no ha respondido todavía a la petición que hizo la semana pasada Almagro a su canciller en Washington para que la CIDH, órgano autónomo de la OEA, cree un grupo de expertos que permita “fortalecer la investigación” del asesinato de la activista.
El titular de la OEA accedió parcialmente a la petición del Estado, al conceder que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) del organismo investigue si hubo corrupción en el caso de Cáceres.
Sin embargo, dejó claro que la vertiente de derechos humanos es algo que solo puede abordar la CIDH y pidió la creación de un grupo de expertos.
Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada, rechazó la semana pasada que la misión de la OEA sobre corrupción investigue la muerte de su madre “al no tener facultades” para intervenir en el caso.
La líder indígena Berta Cáceres fue asesinada el pasado 2 de marzo en su casa en La Esperanza (Honduras), al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, a pesar de tener medidas cautelares de la CIDH desde 2009.