Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron votar la nueva ley federal en materia de transparencia el próximo martes, en donde los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) prevén enlistar 14 reservas en un último intento por introducir cambios en la minuta que llegó del Senado.

 

El dictamen se conoció en primera lectura el pasado jueves 7 de abril, pero el PRI pidió aplazar una semana la discusión a fin de abrir un espacio de diálogo con el Senado para que la cámara de origen aceptara las eventuales modificaciones propuestas por Morena y MC.

 

La minuta que envió el Senado establece 261 nuevas obligaciones para los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos.

 

Entre las 14 reservas al proyecto destacan observaciones a que la Comisión de Luz y Fuerza (CFE) y Pemex no estén señalados como sujetos directos obligados y que las asociaciones público privadas –mecanismos de inversión público-privado a largo plazo– y fideicomisos no son entes obligados por involucrar a una empresa.

 

“Nosotros queremos meternos a la discusión; que discuta junto con el Senado y la Cámara de Diputados. El problema es que nos mandan las minutas al cinco para las 12 y ya no le dan oportunidad a los disputados de discutir”, explicó la diputada de Morena, Ernestina Godoy.

 

La encargada de Morena para el capítulo de Transparencia y Corrupción pronosticó que sus observaciones no tendrán eco en el pleno, pero resaltó la necesidad de debatir el tema de cara a la sociedad.

 

El dictamen abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es crear el ordenamiento que garantice el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos en la Constitución.

 

Uno de los puntos clave de este nuevo ordenamiento es la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano y estará integrado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; los organismos garantes de las entidades federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

 

El dictamen incluye, además, el artículo tercero transitorio, que establece que a más tardar el 30 de agosto de este año, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, tendrán la obligación de avalar un programa de reorganización administrativa, que deberá delinear las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios.

 

La Ley contempla

 

  • La creación del Sistema Nacional de Transparencia

 

  • El Sistema Nacional de Transparencia estará integrado por el INAI; ASF, Archivo General de la Nación e INEGI.

 

  • Amplia el catálogo de sujetos obligados como partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

 

  • Creación de la Plataforma Nacional de Transparencia para cumplir con los procedimientos y obligaciones de los sujetos obligados, y atienda las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

 

  • Ampliación de sanciones cuando no haya  respuesta a las solicitudes de información o se actúe con negligencia, dolo o mala fe durante la argumentación de las solicitudes; incumplir los plazos de atención, entre otras.