CIUDAD DE PANAMÁ. La Fiscalía de Panamá prosiguió con el registro del bufete Mossack Fonseca, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró el escándalo de los papeles de Panamá un ejemplo de la necesidad de “transparencia” fiscal y financiera internacional.
El registro de las oficinas comenzó el martes por la tarde y abarca la sede, las filiales del grupo y el Data Center Internacional de la empresa que brinda soporte informático.
El objetivo es “obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas”, de acuerdo con la información oficial.
La masiva filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales desde 1970, continuó hoy generando titulares y provocando reacciones en todo el mundo.
“Para mí es un caso paradigmático de la necesidad de transparencia a nivel internacional (…) de intercambiar información entre las autoridades fiscales de los países, pero también muy importante en el ámbito financiero”, dijo hoy el director del Departamento de Asuntos Monetarios del FMI, el español José Viñals.
“La ilegalidad muchas veces se esconde detrás de la opacidad. La información tiene que circular”, afirmó Viñals tras comparecer en rueda de prensa para presentar el informe de “Estabilidad Financiera Global” del organismo, dirigido por Christine Lagarde.
Viñals urgió a “que todos los países tengan unos estándares apropiados para evitar el lavado de dinero y otras prácticas fraudulentas que se puedan realizar a través del sistema bancario”.
“Algo que”, subrayó, “el caso de Panamá muestra que estamos todavía lejos de conseguir”.
El pasado 3 de abril, cuando comenzó la publicación en medios internacionales de miles de documentos de Mossack Fonseca, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció el inicio de una investigación para determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible en relación con el escándalo.
En este sentido, hoy aclaró que “la evasión fiscal no constituye delito” en Panamá y explicó que con el registro a Mossack Fonseca se busca verificar “la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud”.
La filtración masiva de documentos de ese bufete, proveedor de miles de empresas “offshore” (con ventajas fiscales) a personalidades de todo el mundo, ha golpeado la reputación de Panamá, que a raíz del escándalo ha sido reinscrita por Francia en su lista de paraísos fiscales.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió el martes al país europeo que “reconsidere” esa decisión y señaló que, de persistir Francia en ese “error”, tomará “medidas diplomáticas”, sobre las que no precisó.
El gobierno panameño sostiene que el escándalo deriva de las actividades de una firma de abogados panameña, no del país, y ha señalado que hará una revisión de sus sistemas financiero y fiscal en aras de profundizar las medidas que ha adoptado en los últimos años en favor de la transparencia.
El escándalo afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, y a sus familiares.