WASHINGTON. En un memorando fechado el 31 de marzo y titulado “Obligar a México a pagar por el muro”, publicado por el diario The Washington Post, Donald Trump revela por primera vez su estrategia para, en caso de llegar a la Casa Blanca, forzar a México a pagar el muro de mil millas (1.600 kilómetros) que quiere construir en la frontera para frenar la inmigración ilegal y cuyo coste, según el propio magnate, ascendería a unos ocho mil millones de dólares.

 

La idea del empresario, que lidera la carrera por la candidatura republicana para las elecciones de noviembre próximo, es amenazar a México con cambiar una sección de la legislación antiterrorista conocida como Ley Patriota para cortar los fondos que recibe ese país a través de las remesas de sus inmigrantes en EU.

 

Según Trump, México protestaría “de inmediato” ante esa amenaza, ya que ese país recibe cada año “aproximadamente 24 mil millones de dólares” en remesas de EU, en su mayoría de “inmigrantes indocumentados”.

 

La amenaza quedaría sin efecto si México aceptase contribuir con “un pago único” de entre cinco mil y 10 mil millones de dólares para costear la construcción del muro, de acuerdo con el memorando.

 

“Es una decisión fácil para México”, sostiene Trump en el documento, que incluye otras posibles tácticas de intimidación al país vecino, como el aumento de los aranceles comerciales o la cancelación de visados a los mexicanos.

 

En línea con lo que ha venido comentando durante toda su campaña, el precandidato republicano señala que México “se ha aprovechado” de EU, y lo justifica con el argumento de que narcotraficantes y bandas de ese país han “abusado abiertamente” de las fronteras y “cometido un gran número de crímenes” en territorio estadounidense.

 

Trump considera que la mayoría de los inmigrantes mexicanos que llegan a EU corresponde a “criminales” y, por eso, defiende la construcción del muro en la frontera.

 

Cruzada anti-gay

 

El gobernador de Misisipi, Phil Bryant, promulgó una controvertida ley de “libertad religiosa” que autorizaría a individuos y empresas negar servicios a homosexuales en base a sus creencias religiosas.

 

La ley, HB 1523, establece que las autoridades estatales no van a imponer multas o castigos a las personas que se nieguen a proporcionar servicios a otras, a causa de una oposición religiosa al matrimonio del mismo sexo, sexo fuera del matrimonio o personas transgénero.

 

La ley permite que las empresas e individuos puedan negarse a atender a lesbianas, bisexuales, gays o transexuales por ir en contra de sus creencias religiosas y les otorgaría inmunidad en caso de enfrentar demandas por discriminación.

 

La ley en Misisipi no es tan amplia como otras leyes estatales. El nuevo estatuto protege sólo tres creencias o convicciones: que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que el sexo es “debidamente reservado para el matrimonio”, y que palabras como “macho” y “hembra” son “objetivamente determinados por la anatomía y genética al nacer”.