El ombudsman de México, Luis Raúl González Pérez, señaló hoy que el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, según el cual al menos 17 personas fueron incineradas en el lugar, se tendrá que analizar junto a las demás pruebas recabadas sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.

 

“El informe de los peritos tendrá que valorarse de manera integral junto con los demás elementos de convicción que obran y agregarlo a la investigación del expediente”, señaló González al presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD) en 2015.

 

El pasado viernes se divulgó el resultado de un nuevo peritaje elaborado por seis expertos independientes en fuego, según el cual hay evidencia suficiente de que hubo un incendio “controlado de grandes dimensiones” y la quema de al menos 17 personas en el basurero.

 

El grupo anunció que realizará “más pruebas las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos”, como sostiene la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).

 

Según la versión de la PGR, los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en el basurero.

 

“Para la CNDH, el caso Iguala sigue siendo un expediente abierto cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones institucionales”, recordó González en el acto encabezado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

 

Agregó que en los “aspectos técnicos más complejos y controvertidos” del caso ha de ser la ciencia “la que guíe la investigación”.

 

La versión oficial del suceso ha sido cuestionada tanto por los familiares de los jóvenes como por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes no hallaron evidencias de un fuego en el basurero en las fechas de la desaparición.

 

“En este caso, se advierte la necesidad de fortalecer las investigaciones y que las autoridades (…) consoliden los medios de convicción que sustentan” la investigación, a fin de evitar “omisiones” que pudieran dejar a los responsables “sin sanciones” e “impunes”, remarcó González.

 

Recordó que la verdad “no puede construirse ni negociarse” y que ha de desprenderse de “los elementos de convicción” existente en el expediente.

 

Por último, instó al Gobierno a atender las observaciones y recomendaciones sobre el caso que la CNDH presentó en junio del pasado año y que atendía peticiones de organizaciones civiles y padres de las víctimas.

 

En su discurso, Peña Nieto resaltó los avances en materia de derechos humanos y la importancia de la CNDH para la protección de estos derechos y el seguimiento de las acciones de las autoridades, si bien obvió citar directamente el caso Iguala u otros sucesos parecidos.  DMH