VERACRUZ. El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, admitió hoy que las recientes desapariciones de jóvenes en ese estado a manos de policías y miembros del crimen organizado son “graves”, pero no reflejan un incremento de estos casos.
“El factor de mayor gravedad es que agentes de la policía estatales, como pasó en Tierra Blanca, o municipales, como en Papantla”, participan en la entrega de jóvenes a miembros de la delincuencia organizada, dijo Bravo en entrevista con Efe.
Pese a que los casos de violencia contra jóvenes han ocupado recientemente numerosas portadas de los diarios, el fiscal aseguró que “no ha habido alguna variación que denote importancia numérica” o que “asuste”.
Lo que sí se ha producido es una “explosión en la difusión de cada uno de los casos que ocurren”, indicó.
Uno de los ingredientes que podría estar detrás de esto es “el año electoral por el que Veracruz está atravesando”, ya que en los próximos días iniciarán las campañas de los candidatos al Gobierno y a las diputaciones locales, estimó.
“Es notable que hay mucha presencia de actores opinando y una de las razones” que puede estar detrás son las elecciones, insistió, aunque matizó que “el fiscal no debe andar introduciéndose en temas de grilla“.
La única función que tiene la fiscalía, atajó Bravo, es esclarecer el hecho y buscar el castigo de los responsables ante los jueces, y puso como ejemplo las detenciones efectuadas por los casos Tierra Blanca y Papantla.
“El mundo de la percepción es un mundo olímpicamente distinto al de una realidad, jurídica y sustentable”, agregó.
El caso de Tierra Blanca, señaló el fiscal, no ha sido cerrado. Aún faltan por cumplimentar órdenes de aprehensión de personal policiaco y de la delincuencia organizada, y se mantendrá la búsqueda con vida de los cinco jóvenes desaparecidos, informó.
Detalló que si bien como parte de las investigaciones localizaron restos de dos de los muchachos desaparecidos, “por protocolos internacionales se siguen buscando a los cinco jóvenes, al no tener evidencia indubitable de ellos”.
Agregó que no existen indicios de que el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, pudiera estar vinculado.
En cuanto al caso de Daphne, quien presuntamente fue atacada sexualmente por cuatro jóvenes, el fiscal señaló que la investigación sigue su curso y negó que haya dilación en impartir justicia.
Advirtió del riesgo de generar “otro caso Cassez”, en alusión a la joven francesa liberada en México por fallas en el debido proceso, y “entonces el reclamo sería al fiscal de por qué no se tomó el tiempo suficiente para hacer una investigación incuestionable”, agregó.
Aseveró que aunque el padre de la víctima presentó vídeos de los jóvenes ofreciendo disculpas, así como audios, estos no pueden ser tomados en cuenta como parte de la indagatoria.
Los familiares de la víctima temen que el suceso se zanje sin sentencia debido a que los jóvenes, conocidos como Los Porkys de Costa de Oro pertenecen a familias adineradas.