Como parte de las leyes en materia Anticorrupción, se impulsa en el Senado la eliminación de la denominada cultura del charolazo, la cual implica que funcionarios públicos busquen obtener beneficios o excepciones a las reglas por el simple hecho de ostentar su cargo.
La iniciativa, propuesta por el senador del Partido de la Revolución Democrática, Luis Humberto Fernández Fuentes, busca imponer una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (siete mil 304 pesos) a todos los servidores públicos que “en ostentación de su cargo, presuman o se acrediten ante otros funcionarios para solicitar excepciones, privilegios o quebrantar cualquier tipo de normatividad”.
La eliminación de esta práctica a través de la legislación ha generado diversas reacciones entre los senadores de las principales fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.
El senador Fernández Fuentes aseguró que la propuesta ha recibido una muy buena recepción por parte de sus compañeros senadores, incluso, señaló que el día de su presentación ante el Pleno fue suscrita por al menos diez senadores y el coordinador parlamentario de su partido, Miguel Barbosa Huerta; por lo que sería “atroz” que no se aprobara.
Para el presidente de la Comisión de Justicia, el senador panista Fernando Yunes Márquez, no es necesario legislar en la materia y, en consecuencia, lo que se debe hacer es aplicar la ley y no permitir que ningún funcionario público se ostente con una credencial para pedir una “atención”.
Por su parte, el senador priista Jesús Casillas Romero, reconoció que esta iniciativa cabe en las leyes secundarias Anticorrupción, no obstante coincidió con el panista Yunes Márquez, en que se trata de una cultura que debe erradicarse con la educación y la buena aplicación las leyes.
La iniciativa impulsada, que ya se encuentra en análisis en las Comisiones Unidas Anticorrupción y Participación Ciudadana; Justicia y Estudios Legislativos Segunda, busca reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código Federal Penal para inhibir, prohibir y sancionar administrativa y penalmente las prácticas de uso y abuso de insignias, credenciales e instrumentos de identificación personal, conocidos como “charolas”, que pretendan solicitar, con su exhibición, un beneficio, excepción o privilegio.
Acciones
Para evitar este tipo de prácticas, la Cámara de Diputados y el Senado, dejaron de expedir placas metálicas como credenciales oficiales para sus legisladores, asesores o trabajadores; ahora se entregan credenciales de plástico con el nombre y cargo de la persona que la ostenta.
A decir del senador Casillas Romero, esta prepotencia e influyentismo que pretenden algunos con “charolas” ha ido disminuyendo luego de la eliminación de estas identificaciones y a raíz de la aparición de las redes sociales, ya que ahora todos los que busquen favores o privilegios pueden ser grabados y exhibidos en público.
Identificarse es obligación de funcionarios: experto
Para el abogado y consultor político Marcos Perafán Gómez, no es necesario sancionar la conducta conocida como “charolazo”, al menos no en los términos que presenta el senador del PRD Humberto Fernández.
En entrevista con 24 HORAS, el abogado constitucionalista explicó que la aprobación en los términos propuestos “podría derivar en un violación al principio de legalidad que impera de manera particular en las materias penal y administrativa”.
De acuerdo con el abogado, la iniciativa del senador Fernández Fuentes “busca vincular una obligación con la que ya cuentan todos los servidores públicos que, en los actos que realicen, en particular tratándose de actos administrativos, tienen la obligación de identificarse plenamente, componente de la fundamentación debida de sus actos”.
Por lo que el hecho de emplear expresiones como “ostentarse”, “presumir” o “acreditarse frente a otros servidores públicos”, aun en el caso de pretender algún beneficio indebido o ilegal, pudiera generar la falsa comprensión de que una autoridad, con la finalidad de no caer en el supuesto del “charolazo”, evitara su identificación frente a otras autoridades o, peor aún, frente a los gobernados.
Cabe destacar que, actualmente, entre las legislaciones con las que puede ser sancionado el “charolazo” se encuentra el catálogo de acciones a los que está obligado un funcionario, contemplado en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Algunos casos
José Rangel Espinosa, ex diputado del PRI
Placas para su hijo
En febrero de 2013, José Rangel Espinosa, al desempeñarse como diputado federal del PRI en la pasada Legislatura, emplacó un Mercedes Benz, propiedad de su hijo, con una “charola” en lugar de la placa oficial, situación que fue exhibida por el entonces diputado del PAN Juan Pablo Adame. Como parte de las reacciones, el ex diputado panista, propuso una iniciativa de ley para descontar 30 días de dieta a los legisladores que utilizaran placas metálicas para ostentar su cargo. Sin embargo, el proyecto fue desechado.
Eloy Flores Cantú, Falso asesor de la Cámara
Escapar de la justicia
En octubre del 2015 en Cuernavaca, Morelos, fue detenido una persona de nombre Eloy Flores Cantú junto con un presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos y el presidente municipal de Cocula, Eric Ulises Ramírez Crespo. Al ponerlo a disposición de las autoridades, se ostentó como asesor jurídico del PRD en la Cámara de Diputados y mostró una “charola” falsa. En consecuencia, la Cámara pidió hacer más estrictos los controles para otorgar credenciales o “charolas” al personal o asesores.
Mariano Martín del Campo, dalso coordinador del Senado
Abogado con “charola”
En enero, Iván Mariano Martín del Campo Riebeling ostentó una “charola” falsa que lo acreditaba como coordinador de Derechos Humanos del Senado. Con ella se presentaba ante diversas instancias y en diferentes casos, como el de las mujeres de origen coreano que fueron rescatadas de una casa de citas en la delegación Cuauhtémoc, víctimas del delito de trata. Al respecto, el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, giró instrucciones para interponer una denuncia penal ante la PGR.