WASHINGTON. Con 27 periodistas asesinados en circunstancias que pudieran estar relacionadas a su profesión, 2015 fue un doloroso año para el periodismo en América dijo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

En su informe anual presentado este día, la CIDH indicó que el hemisferio “se ha vuelto una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo”, haciendo notar el aumento de estos crímenes, que en el 2013 sumaron 18 para el 2014 ascendieron a 25.

 

La Relatoría dijo haber documentado otros 12 asesinatos en los que hasta ahora no ha sido posible determinar el vínculo entre esos hechos con la labor de informar, debido a la ausencia de una investigación exhaustiva.

 

“Las agresiones más graves como el asesinato y el secuestro se han vuelto una de las peores formas de censura por los efectos que causa tanto en la víctima como en la actividad periodística y por el impacto en el derecho de la sociedad a recibir información”, apuntó el órgano en su compilación.

 

La lista de países donde se registraron asesinatos de periodistas el año pasado la integran Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay.

 

La Relatoría dio cuenta también de persistentes episodios de intimidación y amenazas, “así como un incremento del uso del derecho penal en contra de los comunicadores sociales”.

 

“Aunque limitado a algunos países, la aplicación de leyes que contienen gravosas regulaciones respecto a los contenidos de los medios de comunicación derivó en la aplicación de sanciones económicas desproporcionadas”, apuntó.

 

De igual manera hizo notar que el uso discriminatorio de la publicidad oficial, la persecución a medios comunitarios y la concentración en la propiedad así como el control de los medios “continúan siendo desafíos pendientes en el continente y, en algunos casos, estas situaciones se agravaron”.

 

En varios países de la región continuó además el ataque a periodistas y medios de comunicación a través de declaraciones estigmatizantes hacia aquellos que publican información que no es del agrado de las autoridades, principalmente en Argentina, Ecuador y Venezuela.

 

En estos países fueron frecuentes los casos en los que altos funcionarios señalaron a trabajadores de medios de comunicación por sus noticias u opiniones, e igualmente en estas naciones junto con Guatemala se registró una asignación discriminatoria de la publicidad oficial en función de la línea editorial del medio de comunicación.

 

El informe dio cuenta de avances en la protección de la libertad de expresión, destacando la condena a 36 años de prisión impuesta por la justicia en Colombia al ex parlamentario Ferney Tapasco como autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra en 2002.

 

Otro hecho notable en este ámbito fue la aprobación en México de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dio lugar al Sistema Nacional de Transparencia y que consideró “aumentó las garantías para el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la información pública”.

 

La Relatoría dijo que valoraba también las decisiones regulatorias adoptadas por parte de las autoridades en Canadá y Estados Unidos para garantizar el principio de la neutralidad de la red para el libre flujo de la información en Internet.

 

Algunas de las recomendaciones presentadas por la Relatoría incluyen la adopción de mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra periodistas, medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran en situaciones de riesgo, y la condena pública por parte de autoridades a todo acto de agresión.

 

Asimismo exhortó a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, sobre todo cuando ello pueda colocar en riesgo la vida e integridad de las personas.