Con la instalación de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, inició formalmente el proceso para desaforar a la diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, señalada por sus presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán.
Según lo informó el presidente de este órgano jurisdiccional, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), la legisladora sinaloense será notificada este miércoles sobre el proceso que inicia en su contra, y a partir de entonces contará con un plazo de siete días para presentar su defensa por escrito o personalmente.
Detalló que después de este proceso, se abre un periodo de desahogo de pruebas de 30 días y con posterioridad estarán en condiciones de emitir un dictamen que será presentado al Pleno de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Sección Instructora explicó que el Congreso de Sinaloa está sujeto a lo que este órgano jurisdiccional determine, sin embargo será el mismo órgano legislativo local el encargado de poner a la imputada a disposición de la autoridad que la requiere, ya sin inmunidad.
Ramírez Nieto señaló que la Sección que preside está dotada de facultades de investigación para allegarse las pruebas necesarias, e incluso cuando se estime que éstas son insuficientes, tiene facultades para requerir mayor información a fin de resolver la petición que emitió la PGR para el desafuero.
En cuanto a la temporalidad del proceso, el diputado federal calculó que en 60 días la Sección Instructora, que también integran los diputados Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN), Omar Ortega Álvarez (PRD) y Sandra Méndez Hernández (PRI), podría tener una resolución, misma que será notificada al Congreso de Sinaloa para sus efectos.
La solicitud de desafuero de la legisladora surgió a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), por el uso de documentos oficiales falsos, con los que se acreditó para visitar, en abril de 2015, a El Chapo Guzmán en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México.
De las investigaciones por la evasión del capo la PGR descubrió que la diputada yGuzmán Loera recibieron juntos el Año Nuevo en Guamúchil, Sinaloa. A partir de estos hechos se desprendió una línea de investigación.
El pasado 21 de enero Sánchez López fue retenida en Sinaloa por agentes de la Policía Federal en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el MP federal para que rindiera su declaración como testigo.
La funcionaria estuvo 22 horas en las instalaciones de la Seido, en la Ciudad de México, donde se reservó su derecho a declarar y cambió su situación jurídica de testigo a la de indiciada.