Especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de establecer un protocolo para que la autoridad no abuse cuando utilice las redes sociales, aplicaciones o plataformas como Periscope.

 

La idea es que el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas estén por encima del uso de las nuevas tecnologías, se concluyó durante el foro ciudadano “Protocolo para la protección de los derechos humanos y el uso de las redes sociales”.

 

Ese acto fue organizado por la Asamblea Legislativa, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

 

El coordinador del Programa Legal de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo que el debate debe centrarse en las bases para que el servidor público se apegue al respeto de los derechos humanos.

 

“Resulta desafortunado que alguna autoridad manifieste que el objetivo de sus transmisiones es sancionar socialmente, mediante la vergüenza y el escarnio público, a las personas que infringen normas cívicas”, alertó.

 

En las instalaciones del Copred, el director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García Muñoz, advirtió a su vez que en aras de la transparencia se interfiere el derecho a la privacidad.

 

Así como salen a la calle a realizar operativos para sorprender a la gente, deberían utilizar herramientas como Periscope para transmitir sus comités de adquisiciones delegacionales, reuniones de coordinación y del staff para gobernar, declaró el activista, quien consideró que no hay horizontalidad.

 

Los participantes coincidieron en que la convocatoria a discusiones de este tipo es bien vista y recibida por la academia y la sociedad civil, como una oportunidad para cambiar la forma en que los servidores públicos hacen su trabajo.

 

Sobre ese tema el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ALDF, Víctor Hugo Romo, aseguró que “se equivocan quienes señalan que estas mesas son para restringir la libertad de expresión en las redes sociales, ese tema es intocable y no está a discusión”.

 

Por el contrario, explicó, se trata de fortalecer el uso de las tecnologías en los gobiernos, acrecentar los valores del servicio público y fomentar una cultura de respeto a los demás.

 

Asimismo, abundó, a que se acate el principio de legalidad y asegure un trato digno e igualitario, donde la actuación de la autoridad en redes sociales sea transparente, al tiempo que se evite la discrecionalidad y el abuso.

 

En representación de la presidenta del Copred, Jacqueline L´Hoist Tapia, habló el coordinador de Políticas Públicas y Legislativas de ese organismo, Pablo Álvarez Icaza Longoria.

 

El funcionario señaló que el propósito del foro es recoger los planteamientos de los organizaciones civiles, para que las instancias presentes escuchen y tomen en cuenta las propuestas que servirán como insumo para elaborar dicho protocolo.

 

El presidente de InfoDF, Mucio Israel Hernández, indicó que las instituciones y los funcionarios responsables autorizados de publicar y difundir información en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), plataformas y redes digitales, están obligados a cumplir toda la normatividad aplicable sobre derechos humanos.

 

Hernández Guerrero agregó que otros derechos que deben estar a resguardo son la protección de datos personales y el respeto a la imagen, la dignidad y la vida privada, aseguró.

 

Por el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHDF, Javier Conde González dijo que se tiene que atender el principio de legalidad y se requiere que las autoridades operen con directrices claras, sobre todo en el uso de la plataforma Periscope.