El desafuero de la diputada por el Distrito XVI de Cosalá, Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, sigue adelante.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio el visto bueno ayer al proceso para que la próxima semana se instale la Sección Instructora que será la responsable de llevar a cabo la declaración de procedencia.
A la diputada se le vincula con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo.
El pasado 1 de marzo, la Cámara de Diputados recibió la solicitud de desafuero luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó el trámite de juicio político para la legisladora local ante la Cámara de Diputados porque se le acusa de delitos federales.
Federico Döring, vicecoordinador del PAN en San Lázaro, había anunciado en días pasados que su bancada votará a favor del desafuero de la diputada que llegó al cargo abanderando el blanquiazul en alianza con el Partido Sinaloense.
El pasado 8 de febrero la Procuraduría comenzó el trámite para el desafuero de la inculpada.
Una vez que concluya el trámite de desafuero el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), podrá ejercer acción penal en contra de la indiciada.
Sánchez López es investigada por falsificación y uso de documentos oficiales falsos ya que el 14 de abril de 2015 ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, con un acta de nacimiento y una credencial de elector falsas para visitar al presunto líder del Cártel del Pacífico.
Aquella vez la acompañó Óscar Manuel Gómez Núñez, abogado de El Chapo, quien se encuentra preso por la evasión del capo.
De las investigaciones por la evasión, se descubrió que la diputada y Guzmán Loera recibieron juntos el Año Nuevo en Guamúchil, Sinaloa. A partir de estos hechos se desprendió una línea de investigación.
El pasado 21 de enero Sánchez López fue retenida en Sinaloa por agentes de la Policía Federal en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el MP federal para que rindiera su declaración como testigo.
La funcionaria estuvo 22 horas en las instalaciones de la Seido, en la Ciudad de México, donde se reservó su derecho a declarar y cambió su situación jurídica de testigo a la de indiciada.