La Cabalgata del Bicentenario que tuvo lugar durante el gobierno de Guillermo Padrés en el año 2010 en Sonora costó casi 50 millones de pesos y realizó fraude al erario estatal.

 

De acuerdo con una nota publicada por el periódico El Financiero, la secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) estatal quien organizó el evento por el que pagó 49 millones y medio de pesos y comprobó los gastos con 62 facturas, de las cuales 19 resultaron falsas.

 

Dichas facturas fueron presentadas ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado (ISAF), las cuales revelan gastos de 26 mil pesos en mariachis, 243 mil pesos en carpas, 23 mil pesos en sombreros, 154 mil pesos en meseros, un millón de pesos en traslado de caballos, 70 mil pesos en refrescos, 70 mil pesos en canastas navideñas, un millón de pesos en seis mil desayunos, seis mil comidas y seis mil cenas.

 

Por este caso, cinco diputados locales de la anterior legislatura denunciaron en 2015 al titular de la Sagarhpa, Héctor H. Ortiz Ciscomani y a la directora general de Planeación, Administración y Evaluación de la dependencia, Martha Beatriz Vallejo Ruiz por delitos de peculado y falsificación de documentos. Sin embargo, por la denuncia que se puso el 15 de junio de año pasado, en época plena electoral, la Procuraduría Estatal de Justicia en Sonora no investigó el caso.

 

Actualmente las investigaciones las realiza un agente del Ministerio Público, especializado de la Fiscalía Anticorrupción, quien fue nombrado por la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que se ha dedicado a investigar a la administración de su antecesor. El ex funcionario ya rindió declaración ante la fiscalía.

 

De acuerdo con datos que se reportaron en la denuncia hecha por los diputados locales, en 2011, el ISAF realizó una auditoría a esta cabalgata, en la que encontró diversas irregularidades, por lo que otorgó a la dependencia un plazo de 30 días hábiles para solventarlas; sin embargo, Ortiz Ciscomani no pudo hacerlo, por lo que el Instituto le otorgó un nuevo plazo de 30 días para que emitiera un informe sobre las medidas que tomó para resarcir el daño patrimonial en el que incurrió. Sin embargo hasta la fecha no ha habido sanciones por ello. (Con información de Radio Fórmula)