Tres organizaciones civiles difundieron ocho razones por las que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe permitir que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales (GIEI) entrevisten a los militares del 27 Batallón por los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las organizaciones dieron a conocer sus argumentos un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelara que en México persiste una grave crsis de derechos humanos con cifras alarmantes de desapariciones forzadas en un informe en el que pide al presidente Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, que permita a los expertos entrevistar a militares del 27 Batallón de Iguala.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SeraPAZ señalan que las fuerzas armadas no pueden ser ajenas a la supervisión internacional en materia de derechos humanos; califican de “legal” el encuentro entre soldados e integrantes del GIEI y se requiere la entrevista debido a que la noche del los hechos el Ejército operó “con un cuerpo irregular”, intervención que debe indagarse.
Aquí las 8 razones son:
1. Las fuerzas armadas no pueden ser ajenas a la supervisión internacional en materia de derechos humanos
2.En democracia, las fuerzas armadas no deben ser autónomas sino sujetarse a controles civiles
3.La entrevista a los militares es absolutamente legal
4.Se encuentra demostrado que elementos del 27 Batallón presenciaron la agresión contra algunos de los estudiantes desaparecidos
5.La noche del 26 de septiembre de 2014, el ejército operó en Iguala con un cuerpo irregular, cuya intervención debe indagarse
6.El ejército intervino en la información recabada en el C4
7.El ejército cuenta con videos y fotografías de los hechos que no ha sido debidamente incorporados en la investigación
8.Los investigadores de la Procuraduría General de la República (PGR) no interrogaron exhaustivamente a los militares acerca de sus posibles vínculos con grupos delictivos.
