Uno de los pocos cambios estructurales que se hicieron durante la pasada administración no tuvo que pasar por el Congreso, por lo que no pudo ser bloqueado por la oposición que le regateó cualquier modificación de fondo al gobierno de Felipe Calderón.
Ese cambio trascendente que hizo el gobierno pasado inició de hecho de madrugada. Específicamente la noche del 10 de octubre de 2009, cuando la policía federal ocupó las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza en pleno corazón de la ciudad.
Aquella empresa, hoy afortunadamente desaparecida, dejó de ser viable muchos años antes. De hecho, desde los tiempos de Salinas de Gortari se intentó sin éxito su liquidación. Hace casi ocho años se tuvo la determinación política y del uso de la fuerza pública para terminar con esa fuga de recursos.
Hoy, el gobierno está forzado por la reforma energética y por las condiciones financieras del país.
Esta semana pasó un tanto desapercibida una noticia que debió llamar la atención en este proceso. Resulta que en plena época de modernización del sector eléctrico, tras los recortes presupuestales, con la competencia encima, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana decidió romper relaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Tanto Petróleos Mexicanos como la CFE están obligados a emprender reformas profundas para enfrentar la realidad actual. No es lo mismo ser un monopolio que una empresa productiva del Estado que tiene que competir.
Además, el paso de los años y las malas administraciones han llevado a las dos entidades a estar altamente endeudadas y con la urgencia de transformarse.
Pero si el sindicato de electricistas se opone, porque durante muchas décadas los mal acostumbraron a tener injerencia en las decisiones de las empresas, hoy no pueden entender que esas decisiones no son asunto suyo.
Si los administradores de CFE no tienen el talento político para desactivar esta bomba que ha encendido el sindicato podrían frenarse los cambios necesarios en esta empresa, lo que implicaría un costo para sus clientes y los contribuyentes.
Pero también una mala negociación en el sector eléctrico puede contaminar a la empresa petrolera que también está en la plancha de operaciones en una cirugía mayor. Y aunque en el caso de Pemex sí tiene al frente a un muy hábil y prestigiado cirujano político y financiero, una infección externa puede poner en peligro la operación.
La señal de alerta debe ser atendida desde la cúpula del poder presidencial, que ya ha lidiado con la oposición sindical previamente. Basta con recordar cómo cambió la posición negociadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con Elba Esther en la dirigencia sindical y después con Elba Esther en la torre médica del reclusorio de Tepepan.
Si asuntos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sirvieron para mejorar el sistema de alertas tempranas del gobierno federal, seguro que a estas alturas ya tomaron conocimiento del riesgo sindical en la implementación de su reforma energética.